Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El PRI propuso instalar botones de alerta rápida en zonas comerciales para prevenir agresiones ciudadanas contra personas señaladas de cometer algún delito.
La iniciativa surge después de la agresión contra una mujer acusada de presunto robo en Tampico, quien fue retenida y golpeada antes de intervenir autoridades.
Mercedes del Carmen Guillén Vicente, diputada local priista, presentó el punto de acuerdo ante la Diputación Permanente, que determinó enviarlo a comisiones para analizarlo.
La legisladora plantea solicitar a Seguridad Pública y Guardia Estatal reforzar patrullajes preventivos en áreas comerciales de Tampico y establecer coordinación permanente con los locatarios.
Dentro de las medidas propuestas aparecen botones de emergencia conectados directamente al C5 para facilitar una respuesta policial inmediata cuando comerciantes detecten posibles hechos delictivos.
También propone desarrollar protocolos que indiquen cómo deben actuar comerciantes y ciudadanos cuando sorprendan a una persona durante la probable comisión de algún delito.
La propuesta tiene como antecedente los acontecimientos registrados en el Centro Histórico tampiqueño, donde particulares retuvieron, golpearon, maniataron y exhibieron públicamente a una mujer.
Aunque reconoce la preocupación comercial provocada por robos, la iniciativa advierte que una detención ciudadana no autoriza agresiones, humillaciones ni castigos contra posibles responsables.
El artículo 16 constitucional permite detener a una persona sorprendida cometiendo un delito, pero establece entregarla inmediatamente ante la autoridad más cercana disponible para procesarla.
La iniciativa también solicita a la Fiscalía General de Justicia dar seguimiento a las investigaciones derivadas de las agresiones ocurridas recientemente en el centro de Tampico.
El objetivo sería deslindar responsabilidades tanto sobre el presunto robo originalmente denunciado como respecto de las agresiones cometidas posteriormente durante la retención de esta mujer.
Además, propone desarrollar campañas permanentes de cultura de legalidad mediante autoridades educativas, sociales y municipales para explicar los límites legales aplicables a detenciones ciudadanas.
Las acciones informativas estarían enfocadas principalmente hacia mercados, plazas comerciales y organizaciones vecinales, buscando fortalecer la denuncia formal y reducir posibles actos colectivos de violencia.
Finalmente, el planteamiento exhorta a los 43 municipios tamaulipecos a promover una cultura de paz y mecanismos alternativos para solucionar conflictos entre sus propios ciudadanos.
