Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La reforma constitucional que establece requisitos de nacionalidad única para determinados cargos ejecutivos avanzó este martes dentro del Congreso de Tamaulipas.
Con cinco votos favorables y abstenciones del PRI y Movimiento Ciudadano, la Diputación Permanente aprobó el dictamen correspondiente a la minuta enviada por Senado.
El proyecto todavía deberá someterse este miércoles a consideración del Pleno durante una sesión pública extraordinaria, donde Tamaulipas definirá formalmente su posición legislativa.
Al tratarse de una modificación constitucional federal, su entrada en vigor requiere la aprobación de cuando menos la mitad más una de las legislaturas estatales.
La Diputación Permanente analizó este martes la minuta mediante dispensa del procedimiento ordinario en comisiones, permitiendo acelerar su presentación ante el Pleno del Congreso local.
Los cambios alcanzan los artículos 82, 116 y 122 constitucionales, relacionados con requisitos para Presidencia, gubernaturas estatales y Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.
Para competir por la Presidencia, la persona deberá ser mexicana por nacimiento, conservar plenamente sus derechos y carecer de cualquier nacionalidad distinta a la mexicana.
Quienes posean una segunda nacionalidad tendrán que renunciar a ella antes de solicitar formalmente su registro como candidatos a la Presidencia de la República.
El mismo requisito se aplicará para las gubernaturas: los aspirantes deberán ser mexicanos por nacimiento y renunciar previamente a cualquier otra nacionalidad que posean.
La disposición alcanzará también a quienes pretendan gobernar Ciudad de México, quienes deberán acreditar nacionalidad mexicana por nacimiento y carecer de una ciudadanía extranjera adicional.
Una vez ocupados esos cargos, tampoco podrán solicitar otra nacionalidad, utilizar pasaportes extranjeros, ejercer derechos políticos de otro país o solicitar su protección diplomática.
El nuevo marco constitucional comenzaría a aplicarse desde el proceso electoral de 2028, de acuerdo con las disposiciones transitorias incorporadas dentro de la reforma aprobada.
El Congreso de la Unión dispondrá de 90 días naturales para adecuar las leyes de Nacionalidad y electoral después de entrar en vigor la modificación.
Durante ese mismo plazo, las entidades federativas deberán armonizar sus constituciones y disposiciones electorales para incorporar los nuevos requisitos establecidos por la Constitución federal.
La reforma no afectará a quienes estén ejerciendo actualmente la Presidencia, alguna gubernatura o la Jefatura capitalina cuando entren en vigor las nuevas disposiciones.
