Ciudad de México.- El Senado aprobó sanciones de hasta 2.4 millones de pesos contra empresas que insistan en realizar llamadas comerciales sin autorización del consumidor.
La reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor fue avalada por 96 votos a favor y ninguno en contra.
El nuevo esquema establece multas desde 56 mil 570 pesos para bancos, aseguradoras y prestadores de servicios que incumplan la negativa expresa de usuarios.
La senadora panista Mayuli Latifa Martínez, autora de la iniciativa, sostuvo que la reforma busca frenar llamadas y publicidad reiterada sin consentimiento previo.
“La tranquilidad de los ciudadanos no debe depender de rechazar una y otra vez ofertas telefónicas”, planteó durante la discusión en tribuna.
La senadora del PVEM María del Rocío Corona Nakamura señaló que ya no deberán realizarse llamadas insistentes para ofrecer créditos, seguros o productos comerciales.
La reforma modifica los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para reforzar la privacidad de los usuarios.
También establece sanciones con carácter disuasivo ante una práctica que, según el dictamen, afecta a millones de personas mediante llamadas comerciales persistentes.
La exposición de motivos cita datos de Truecaller que colocan a México entre los países con mayor volumen de llamadas no deseadas mensuales.
El promedio estimado se ubica entre 20 y 25 llamadas spam por usuario al mes, de acuerdo con la información utilizada en el dictamen.
El documento advierte además que esta saturación no sólo genera molestias, sino que puede aumentar la vulnerabilidad de usuarios frente a posibles fraudes.
Otra modificación establece que los proveedores serán corresponsables del manejo de información personal, incluso cuando la publicidad sea enviada mediante empresas o terceros contratados.
Se mantiene además el derecho de los consumidores a manifestar que no desean publicidad y se refuerza la obligación empresarial de respetar esa decisión.
La reforma continuará ahora su proceso legislativo en la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizada antes de convertirse en disposición definitiva.
