Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Cuarta Transformación provocó el debilitamiento de las organizaciones campesinas mediante recortes presupuestales, cancelación de programas productivos y exclusión institucional, denunció Álvaro López Ríos.
El secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de emprender una ofensiva contra el movimiento campesino.
Durante una conferencia de prensa en Ciudad Victoria, calificó esa política como un “holocausto” para las organizaciones rurales, muchas de ellas actualmente desmanteladas o debilitadas.
López Ríos sostuvo que el gobierno federal utilizó señalamientos generalizados de corrupción para justificar la eliminación de apoyos destinados a fortalecer la producción agrícola organizada.
Aseguró que los recortes aplicados desde la administración anterior afectaron programas de la Secretaría de Agricultura y desaparecieron mecanismos de financiamiento para pequeños productores.
La reducción de recursos, afirmó, también debilitó las estructuras campesinas que tradicionalmente gestionaban proyectos colectivos, asistencia productiva y apoyos para las comunidades rurales organizadas.
Como consecuencia, consideró que numerosos productores quedaron desprotegidos frente a la violencia, el desplazamiento territorial y las dificultades para competir dentro de los mercados.
El dirigente mencionó a la Confederación Nacional Campesina y la Central Campesina Independiente entre las organizaciones que, según su diagnóstico, enfrentan un deterioro estructural.
“Las organizaciones como la CNC, la CCI y otras están desmanteladas o bien, en un proceso de extinción”, afirmó durante su encuentro con medios.
Señaló que algunas agrupaciones apenas sobreviven a las consecuencias de las decisiones gubernamentales, mientras otras perdieron capacidad de representación y movilización en el campo.
Frente a ese escenario, anunció que la UNTA desarrolla un proceso nacional de reorganización y renovación de dirigentes para recuperar presencia en las entidades federativas.
Explicó que la organización pretende reconstruir sus estructuras territoriales y mantener las luchas locales relacionadas con presupuestos agrícolas, proyectos productivos y atención gubernamental efectiva.
“Cerraron puertas, descalificaron, ordenaron que nadie nos atendiera”, expresó al recordar las restricciones que, aseguró, enfrentaron las organizaciones campesinas durante el sexenio anterior.
Pese a esas condiciones, afirmó que la UNTA mantiene representación y capacidad de movilización para reclamar un ejercicio adecuado del presupuesto público destinado al desarrollo rural.
López Ríos cuestionó también la sustitución de programas productivos por transferencias sociales, al considerar que esa decisión debilitó las posibilidades de crecimiento económico del campo.
Acusó que el gobierno anterior privilegió una política de subsidios de carácter clientelar, en lugar de fortalecer mecanismos para incrementar la producción nacional de alimentos.
El dirigente sostuvo que la recuperación presupuestal constituye una prioridad para las organizaciones campesinas, debido a las dificultades acumuladas durante los últimos años de recortes.
También cuestionó el discurso de soberanía promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que existe una contradicción entre los objetivos oficiales y la producción.
Afirmó que México perdió capacidad para abastecer su propio mercado alimentario y aseguró que el país mantiene una elevada dependencia de productos importados del extranjero.
Según López Ríos, el 72 por ciento de los alimentos que llegan a las mesas mexicanas procede de importaciones, cifra que expuso sin precisar su fuente.
“El tema es que perdimos soberanía alimentaria”, sostuvo al advertir que la dependencia externa contradice los planteamientos gubernamentales sobre autosuficiencia y fortalecimiento productivo nacional.
