Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas comenzó una revisión general de pensiones otorgadas mediante decreto, con ocho pagos retenidos por incumplimiento del pase de supervivencia.
La Secretaría de Administración verificará expedientes de beneficiarios para determinar cuáles prestaciones conservan su justificación y cuáles podrían modificarse o revocarse conforme a la ley.
Luisa Eugenia Manautou Galván, titular de la dependencia, informó que actualmente se pagan alrededor de 126 pensiones concedidas durante administraciones estatales anteriores a la actual.
El desembolso mensual asciende aproximadamente a dos millones 131 mil 591 pesos, recursos destinados a cubrir las prestaciones especiales autorizadas mediante decretos del Ejecutivo.
La funcionaria explicó que las nuevas atribuciones aprobadas por el Congreso permiten revisar estas pensiones y determinar si todavía cumplen los objetivos de su otorgamiento.
El procedimiento incluye verificar la supervivencia de los beneficiarios, requisito obligatorio cuyo incumplimiento puede provocar la retención de pagos mientras se aclara cada situación.
Hasta los primeros días de octubre, por lo menos ocho pensiones permanecían retenidas porque sus beneficiarios no acudieron a realizar el trámite de supervivencia.
Manautou Galván adelantó que durante este mes se analizarán todos los expedientes para identificar posibles irregularidades o prestaciones cuyo propósito original ya haya concluido.
La secretaria recordó que esta facultad deriva de una reforma impulsada por el gobierno estatal y aprobada posteriormente por los diputados del Congreso tamaulipeco.
Con esa modificación, Administración puede comprobar la vigencia de los beneficios y promover ajustes o revocaciones cuando existan elementos legales suficientes para proceder.
La revisión también contempla los decretos emitidos durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, periodo que concentró el mayor número de autorizaciones.
Según la dependencia, aquella administración concedió 38 pensiones especiales, de las cuales únicamente 15 correspondieron a integrantes de corporaciones de seguridad y procuración de justicia.
Esos quince beneficios fueron destinados a casos relacionados con elementos de Seguridad Pública y de la Fiscalía General de Justicia fallecidos en cumplimiento de su deber.
La funcionaria aseguró que la actual administración estatal no ha autorizado ninguna pensión mediante decreto durante los cuatro años transcurridos de su gestión gubernamental.
Insistió en que la finalidad del procedimiento es comprobar la legalidad y vigencia de cada beneficio, evitando mantener pagos cuando desaparecieron las condiciones originales.
Las determinaciones sobre posibles modificaciones o revocaciones deberán sustentarse en la revisión individual de expedientes y en las facultades legales otorgadas a Administración.
