Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los servidores públicos responsables de incumplir obligaciones de transparencia podrían enfrentar multas personales de hasta 175 mil pesos, advirtió el Gobierno estatal.
Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, explicó que las sanciones procederán cuando se omita actualizar información obligatoria en los medios oficiales.
Actualmente, 196 sujetos obligados deben publicar y actualizar trimestralmente documentación en la Plataforma Nacional de Transparencia y en los portales electrónicos institucionales correspondientes.
La funcionaria precisó que las multas económicas parten de aproximadamente 17 mil pesos y pueden incrementarse considerablemente, dependiendo de la gravedad o persistencia del incumplimiento.
Hasta el momento, las sanciones aplicadas han correspondido al monto mínimo, aunque la legislación permite imponer castigos cercanos a diez veces esa cantidad.
Pedraza Melo sostuvo que los funcionarios responsables deberán cubrir las multas con recursos propios, sin utilizar presupuestos municipales o estatales para solventar esas obligaciones.
“Las sanciones van dirigidas de manera directa a los servidores públicos responsables de la omisión”, enfatizó al explicar el alcance individual de estas medidas.
Los incumplimientos también podrían motivar procedimientos administrativos y la intervención de los órganos internos de control, según las responsabilidades detectadas durante las revisiones oficiales.
La funcionaria explicó que la reforma federal en materia de transparencia modificó el esquema institucional de vigilancia y dio paso a nuevas autoridades garantes.
En Tamaulipas se estableció el órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, encargado de verificar obligaciones previstas en la legislación estatal de acceso informativo.
Este organismo opera dentro de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como parte del nuevo modelo de supervisión derivado de los cambios normativos federales.
Pedraza Melo recordó que actualmente existen nueve autoridades garantes, entre ellas el Poder Ejecutivo estatal, mediante las atribuciones asignadas a la dependencia anticorrupción.
La vigilancia comprende las obligaciones establecidas en los artículos 57 y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Entre los 196 sujetos obligados figuran 17 dependencias del Ejecutivo, 46 organismos descentralizados y otros dos organismos de esa naturaleza que no están sectorizados.
También se incluyen seis empresas de participación estatal, 32 fideicomisos públicos y los 43 ayuntamientos de Tamaulipas, sujetos a las verificaciones de transparencia correspondientes.
La relación se completa con 50 organismos públicos descentralizados municipales, cuya información deberá mantenerse disponible conforme a los plazos y requisitos establecidos por ley.
“Tenemos que vigilar a 196 sujetos obligados”, insistió la secretaria al señalar la dimensión de las tareas de supervisión institucional en el estado
