Combatir la inseguridad exige mucho más que patrullas, armas o reformas penales. También obliga a intervenir espacios donde abandono, adicciones y violencia terminan encontrándose diariamente.
Durante años, los anexos cargaron una reputación oscura: lugares señalados por abusos, desorden, improvisación y ausencia de vigilancia efectiva por parte del Estado tamaulipeco.
Hoy, el gobierno tamaulipeco decidió entrar en ese terreno incómodo y comenzar una regularización que anteriores administraciones evitaron, ya fuera por desconfianza, temor o desinterés.
La Secretaría de Salud involucró 14 dependencias y colocó a COEPRIS en la operación para revisar condiciones, ordenar procesos y certificar centros de rehabilitación existentes.
Ricardo Guerrero Morales y Mario Rebolledo asumieron una tarea que exige más que discursos: entrar, revisar, corregir y obligar a cumplir reglas donde predominaba opacidad.
Hasta ahora, 41 centros han avanzado en certificación, mientras 53 continúan pendientes dentro de un proceso que apenas comienza a consolidarse.
Eso permite dimensionar el reto: no se trata de una campaña de imagen, sino de ordenar un sistema amplio, disperso y durante años prácticamente abandonado. Hay estados como Guanajuato que han sido nota internacional por los hechos ocurridos en esos lugares y hoy por hoy, siguen igual.
El gobierno destinó 12 millones de pesos para mejorar instalaciones, con apoyos de aproximadamente de hasta 300 mil pesos por centro dentro de este programa de regularización.
Los recursos servirán para sanitarios, regaderas, tinacos, literas, colchones, ventiladores, estufas, refrigeradores, mesas, sillas, computadoras, impresoras y equipos nuevos de aire acondicionado para operar correctamente.
La intervención alcanza centros ubicados en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Victoria, Tampico, Altamira, Madero, Mante y Tula, además de otros municipios del estado.
El cambio relevante es otro. La certificación obliga al gobierno y a los centros a mantener condiciones dignas y reglas claras para quienes buscan rehabilitación.
Eso importa porque muchos jóvenes llegan a esos espacios después de atravesar adicciones, violencia familiar, abandono, pobreza o entornos donde la delincuencia termina absorbiéndolos fácilmente.
Atender ese problema también forma parte de una política de seguridad, porque prevenir recaídas, abusos y captación del narco puede reducir riesgos mucho antes del delito.
Durante décadas, los anexos quedaron en una especie de zona gris: ni plenamente incorporados al sistema sanitario ni suficientemente vigilados por las autoridades responsables competentes.
Por eso la decisión actual merece atención, no aplausos automáticos. El resultado dependerá de inspecciones permanentes, transparencia, seguimiento clínico y respeto absoluto a derechos humanos, pero en general que se hable en los hechos y con la verdad para no engañar a nadie.
También deberá vigilarse el destino de los recursos, porque el programa de regularización pierde legitimidad si las inversiones terminan diluyéndose entre proveedores, simulaciones o maquillajes institucionales.
Américo Villarreal, Ricardo Guerrero y Mario Rebolledo, tienen ahora una responsabilidad mayor: demostrar que esta intervención no será temporal ni desaparecerá tras las primeras certificaciones.
Lo difícil comienza después del anuncio: supervisar cada centro, corregir irregularidades, sancionar abusos, capacitar personal y evitar que regresen prácticas que durante años permanecieron toleradas.
Si el programa funciona, Tamaulipas habrá recuperado un frente olvidado dentro de su estrategia de seguridad pública; si falla, los anexos volverán a la sombra.
Regularizar estos centros no resuelve por sí sola la crisis de adicciones, pero rompe una omisión histórica. Lo cierto es que hoy, Américo, Guerrero y Rebolledo, decidieron entrar donde antes prefería mirar.
