Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó autogobierno en el penal de Reynosa, Seguridad Pública sostiene que existe control institucional.
El secretario Carlos Arturo Pancardo Escudero rechazó que los Centros de Ejecución de Sanciones presenten problemas de gobernabilidad y aseguró que actualmente prevalece la tranquilidad.
Sin embargo, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 identificó condiciones de autogobierno o cogobierno en Reynosa, además de distintas deficiencias operativas y administrativas.
El organismo también señaló actividades ilícitas, insuficiencia de custodios y personal de seguridad, así como problemas relacionados con servicios médicos, alimentación e higiene penitenciaria.
Los resultados colocaron al sistema penitenciario tamaulipeco con una calificación general de 5.93 puntos, por debajo del nivel aprobatorio establecido en la evaluación nacional.
Entre los establecimientos examinados, Matamoros obtuvo 5.04 puntos, Reynosa alcanzó 5.20 y Ciudad Victoria registró 5.26, reflejando las observaciones formuladas por el organismo.
Pese a esos antecedentes, Pancardo afirmó que no existen indicios actuales de situaciones que comprometan la seguridad o alteren el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios.
Al ser cuestionado sobre posibles autogobiernos, respondió que considera inexistente ese fenómeno y reiteró que las autoridades mantienen el orden dentro de las instalaciones estatales.
Respecto al ingreso de artículos prohibidos, negó que durante las inspecciones se hayan localizado bocinas de grandes dimensiones o teléfonos celulares dentro de los penales.
No obstante, reconoció que las revisiones mensuales permiten asegurar objetos cuyo ingreso está restringido, aunque evitó precisar cuáles han sido decomisados por los elementos penitenciarios.
El funcionario sostuvo que existen acciones encaminadas a corregir las deficiencias identificadas por la CNDH y mejorar las condiciones de atención durante el presente año.
Aseguró que las personas privadas de la libertad reciben los servicios correspondientes, aunque admitió la necesidad de ampliarlos para atender las observaciones del diagnóstico nacional.






