Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La cifra oficial de personas desaparecidas y no localizadas en Tamaulipas alcanzó 14 mil 72 registros en septiembre, mientras colectivos advierten un subregistro considerable.
Edith González, presidenta del colectivo Amor por los Desaparecidos, sostuvo que las estadísticas institucionales no reflejan completamente la magnitud del problema que enfrentan miles de familias.
La activista aseguró que los casos conocidos directamente por su organización permitirían estimar una cifra superior al doble de los registros oficiales, aunque sin verificación independiente.
Explicó que numerosas familias evitan presentar denuncias por temor a represalias, desconfianza en las instituciones ministeriales y riesgos relacionados con la búsqueda de sus seres queridos.
González cuestionó los reportes gubernamentales que sitúan las desapariciones anuales por debajo de mil casos, al considerar que esa cantidad resulta insuficiente frente a sus registros.
Como ejemplo, afirmó que solamente en Reynosa se presentan cerca de 500 desapariciones anuales, además de aproximadamente cien secuestros que, según explicó, se contabilizan separadamente.
A esos casos, agregó, deben sumarse los hechos que permanecen sin denuncia formal, situación que dificulta conocer con precisión el número real de víctimas en Tamaulipas.
La representante del colectivo informó que durante 2026 han realizado 124 jornadas de búsqueda en distintos municipios fronterizos, con resultados que muestran la dimensión del problema.
En esos recorridos, aseguró, localizaron 44 fosas clandestinas y lugares con restos óseos, algunos de ellos con indicios de incineración que dificultan las labores forenses.
González explicó que la fragmentación de restos humanos impide determinar inmediatamente cuántas víctimas podrían encontrarse en cada sitio, además de complicar los procesos de identificación genética.
La situación exige investigaciones especializadas, análisis científicos y confrontación de perfiles genéticos con denuncias existentes, tareas que las familias consideran insuficientes frente al rezago institucional.
Por separado, las cifras oficiales citadas señalan que durante los últimos cuatro años se realizaron aproximadamente 2 mil 500 operativos, con más de tres mil localizaciones.
Respecto a 2026, el reporte contabiliza 856 denuncias o reportes de desaparición, de los cuales 615 personas fueron localizadas y otras 241 permanecían sin localizar todavía.
Estas cifras corresponden a registros y periodos específicos, por lo que no deben confundirse con el total histórico de personas desaparecidas y no localizadas del estado.
La plataforma independiente Red Lupa documentó que el registro acumulado pasó de 12 mil 33 personas en 2022 a 13 mil 850 en agosto de 2026.
La diferencia equivale a mil 817 registros adicionales, un incremento aproximado de 15.1 por ciento, aunque no representa necesariamente desapariciones ocurridas únicamente durante ese periodo analizado.
Los datos intermedios muestran 12 mil 706 registros en 2023, 13 mil 196 durante 2024 y 13 mil 468 al cierre de 2025, respectivamente.
El acumulado incorpora nuevos reportes y actualizaciones de expedientes anteriores, por lo que su crecimiento debe interpretarse considerando los ajustes realizados a las bases estadísticas.
La problemática también comprende desapariciones ocurridas décadas atrás, especialmente durante periodos de elevada incidencia registrados en 2010, 2011, 2012 y nuevamente durante el año 2017.
Por municipios, Reynosa concentra el mayor número de registros, al pasar de 2 mil 817 a 2 mil 903 casos en un año, según Red Lupa.
Ese incremento de 86 expedientes mantiene a la ciudad fronteriza entre las principales zonas de atención para colectivos, autoridades ministeriales y organismos responsables de búsqueda.
También se reportan aumentos en Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico, lo que obliga a distribuir recursos de investigación y búsqueda entre diferentes regiones tamaulipecas.
La crisis afecta de manera importante a menores de edad, pues mil 581 personas tenían menos de 18 años cuando ocurrió su desaparición, según Red Lupa.
Esa población representa aproximadamente 11.4 por ciento del acumulado considerado; dentro del grupo, 62.11 por ciento corresponde a niños y adolescentes varones, según los datos.
Las edades comprendidas entre 20 y 29 años concentran aproximadamente tres de cada diez registros, aunque también existe incidencia importante entre adolescentes y adultos de 44 años.
Entre las mujeres desaparecidas, 32.3 por ciento tenía entre 15 y 24 años, proporción que evidencia una concentración relevante de casos en edades tempranas del registro.
Adicionalmente, los datos citados documentan once niñas desaparecidas entre enero y mayo de 2026, aunque las circunstancias individuales requieren investigaciones para establecer responsabilidades y posibles patrones.
Ante este escenario, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, reconoció la gravedad del problema y señaló acciones para fortalecer las capacidades institucionales.
El funcionario explicó que se trabaja en ampliar células de búsqueda, incorporar herramientas tecnológicas y aumentar el acompañamiento jurídico para las familias que enfrentan desapariciones.
También destacó el proyecto del Centro de Identificación Humana, cuya entrada en operaciones se contempla para 2027, condicionada a la disponibilidad de recursos presupuestales suficientes.
La instalación requerirá equipamiento, especialistas y coordinación entre instituciones para acelerar el análisis de restos humanos y contribuir a resolver expedientes pendientes de identificación forense.
Villegas González sostuvo que existe comunicación con colectivos ciudadanos y equipos operativos, principalmente en la frontera, para mejorar la atención y respuesta ante nuevos reportes.
Asimismo, pidió informar inmediatamente cualquier posible privación de la libertad, al considerar que una intervención temprana incrementa las posibilidades de obtener resultados favorables en búsquedas.
Sin embargo, los colectivos insisten en que el número de operativos no sustituye la necesidad de esclarecer hechos, identificar víctimas y determinar responsabilidades por cada desaparición.
