Ciudad victoria, Tamaulipas.- La orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca continúa vigente y se mantienen gestiones para extraditarlo, aseguró el Fiscal Anticorrupción en Tamaulipas.
Norberto Andrés García Repper Favila, titular de la institución, aseguró que el exgobernador permanece sustraído de la justicia y continúa siendo buscado por autoridades mexicanas.
“Es un prófugo de la justicia, se ha sustraído de la acción de la justicia”, afirmó al reiterar la postura de la Fiscalía sobre el exmandatario.
Sobre su ubicación, explicó que los últimos datos disponibles lo situaban en la zona fronteriza, sin precisar durante sus declaraciones un lugar donde pudiera encontrarse.
El fiscal señaló que la Fiscalía General de la República colabora en las gestiones de extradición, aunque advirtió que deben cumplirse diversos requisitos legales internacionales.
Atribuyó al exmandatario ciudadanía estadounidense y sostuvo que esa condición añade exigencias al procedimiento, debido al escrutinio aplicado por Estados Unidos a las solicitudes de extradición.
García Repper Favila aseguró que las autoridades estadounidenses revisan los requisitos de manera meticulosa, por lo que evitó fijar una fecha para concluir las gestiones.
También confirmó que sigue vigente una orden de aprehensión contra Enrique Rivas Cuéllar, exalcalde de Nuevo Laredo, por presuntos delitos relacionados con su administración municipal.
Indicó que solicitarán colaboración internacional para gestionar una ficha roja de Interpol, con la intención de facilitar la localización del exalcalde y su eventual detención.
Entre los delitos que atribuyó al expresidente municipal mencionó ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades, según informó.
En otro asunto, confirmó la revisión de expedientes relacionados con políticos que buscan cargos de elección popular, aunque aclaró que investigar no implica responsabilidad penal.
Explicó que la institución debe diferenciar las denuncias sustentadas de aquellas motivadas por intereses electorales, para evitar afectaciones injustificadas a la reputación de los aspirantes.
Sostuvo que cualquier actuación contra quienes buscan una candidatura requiere fundamento, al advertir que la Fiscalía debe evitar molestias o daños injustificados a su reputación.
