Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Jorge Fernández González reclamará una indemnización al Estado y denunciará a dos agentes ministeriales por presunta manipulación de pruebas, anunció su abogado, Martín Lozano Méndez.
Tras recuperar la libertad, exigirá reabrir la investigación del feminicidio de su esposa, María del Pilar Garrido Santamans, para identificar a quienes cometieron el crimen.
Fernández salió del penal de Victoria a las 22:30 horas del miércoles 28 de octubre, tras permanecer alrededor de nueve años privado de la libertad.
La Sala Colegiada Penal estatal cumplió un amparo del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, resolución que dejó sin efecto la condena de 47 años.
Lozano Méndez informó que promoverán acciones civiles y administrativas para reclamar daños morales, económicos y psicológicos, además de denunciar penalmente presuntas irregularidades durante la investigación.
Los señalamientos apuntan a Gabriel Adelfo González, identificado como director general de Litigación, y Mireya Maldonado Villegas, titular de la FENNAM, de acuerdo con el defensor.
El abogado les atribuye manipulación deliberada de evidencias de la necropsia, cuyos resultados, sostiene, fueron tergiversados para respaldar la acusación presentada contra Fernández por feminicidio.
Afirmó contar con elementos para solicitar investigaciones por delitos como abuso de autoridad y ejercicio indebido de funciones, sin que esas responsabilidades estén determinadas judicialmente.
Precisó que las actuaciones cuestionadas corresponden a la Fiscalía encabezada por Irving Barrios Mojica y deslindó a la administración actual de haber intervenido en aquel proceso.
También reconoció independencia y autonomía a la Sala Colegiada por cumplir el amparo, después de años de impugnaciones promovidas contra las pruebas y la condena.
Según el litigante, el reclamo podría establecer un precedente en Tamaulipas, pues desconoce un caso semejante de reparación integral tras encarcelamiento y posterior resolución favorable.
La demanda buscará atribuir responsabilidad al Estado mediante las instituciones participantes, al sostener que actuaciones deficientes ocasionaron una privación prolongada de libertad y afectaciones personales.
Lozano Méndez insistió en que la reparación no se limita al dinero: comprende reconocer la pérdida de convivencia familiar y los años separados de su hijo.
Cuestionó que funcionarios pretendan desentenderse diciendo que hicieron su trabajo, cuando un tribunal federal derribó la condena que mantuvo a su defendido durante años en prisión.
El abogado recordó que durante años denunció deficiencias investigadoras y cuestionó las pruebas, sin obtener respuestas favorables hasta que la justicia federal intervino nuevamente en el caso.
Sostuvo que disposiciones legales y criterios de la Suprema Corte permiten reclamar por actuaciones irregulares, aunque deberán acreditar las conductas denunciadas y los daños sufridos.
Rechazó una revancha personal y anticipó una batalla complicada, con posibles inconformidades entre quienes participaron en el procedimiento que mantuvo a Fernández encarcelado durante años.
Sobre el fallo, Lozano Méndez discrepó de reducirlo a insuficiencia probatoria y sostuvo que la Fiscalía nunca acreditó que Fernández hubiera asesinado a su esposa.
La Fiscalía atribuía a Jorge golpear, derribar y estrangular a Garrido el 2 de julio de 2017, en una brecha carretera hacia Soto la Marina.
El defensor afirmó que no se demostró esa secuencia ni la autoría de Jorge, y consideró que la resolución respalda la inocencia sostenida desde su detención.
Desde esa postura, aseguró que el amparo tiene un alcance más contundente que la explicación centrada en insuficiencia de pruebas y pidió examinar su contenido.
Por ello solicitarán explorar otras líneas, al sostener que la libertad de Fernández no debe traducirse en impunidad para el asesinato de María del Pilar.
Garrido desapareció cuando regresaba de La Pesca con su esposo y su hijo; semanas después encontraron sus restos y la investigación se concentró en Jorge.
Fernández fue detenido en agosto de 2017 y sentenciado en enero de 2019; desde entonces, su defensa recurrió a distintas instancias para combatir la condena.
Fuera del penal, comienza otra adaptación: está feliz, pero sorprendido por establecimientos nuevos y lugares transformados, relató Lozano Méndez al describir sus primeras impresiones en libertad.
Además de afrontar posibles secuelas psicológicas, deberá recuperar documentos y realizar trámites para restablecer derechos, entre ellos obtener nuevamente su credencial para votar, explicó su abogado.
Entre sus prioridades figura viajar a Valencia, España, para reencontrarse con su hijo de diez años, con quien mantuvo comunicación durante el tiempo que estuvo encarcelado.
Aunque conservaron contacto, dejaron de compartir alrededor de nueve años de convivencia, pérdida que el litigante considera imposible de restituir mediante cualquier cantidad de dinero.
La liberación estuvo precedida por semanas de incertidumbre y dos prórrogas solicitadas por el tribunal estatal para cumplir el amparo; la segunda estaba por vencer.
Ahora Fernández prepara su regreso a los tribunales para reclamar reparación y esclarecer el asesinato de su esposa: la libertad llegó, pero su defensa exige justicia.
