Gracias a la investigación que la autoridad antimonopolio inició en 2022 en contra de las empresas de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas se han emitido al menos 69 notificaciones para que esas firmas respondan por las irregularidades relacionadas con “la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los procedimientos de contratación pública para la adquisición de material y documentación electoral”.
En la lista de notificaciones de la Comisión Nacional Antimonopolio, que incluye las de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), aparecen al menos 69 avisos. El último tiene fecha del 22 de octubre pasado.
Los oficios están dirigidos a los representantes de Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, y de Diseño, Reconstrucción y Comunicación, todas ligadas con los empresarios Hernández Casillas y relacionadas con contratos con el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales (Oples).
La investigación comenzó el 7 de julio de 2022, cuando Lorenzo Córdova era consejero presidente del INE, con el número de expediente IO-003-2021, de acuerdo con una publicación del Diario Oficial de la Federación. De manera que, conforme a las fechas de los oficios, abarca desde esa gestión hasta la de la ex consejera presidenta Guadalupe Taddei.
Desde el inicio del procedimiento se deja claro que la Cofece “tuvo conocimiento de hechos que derivan en la posible realización de conductas que podrían constituir prácticas monopólicas absolutas previstas por el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica”.
Las notificaciones publicadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y en el portal de la Comisión Nacional Antimonopolio dan cuenta de que los oficios fueron girados a los representantes de las empresas involucradas. El nombre de Raymundo Francisco Hernández aparece en al menos seis de ellas.
En el oficio más reciente, con fecha del pasado 22 de octubre y dirigido a la red de empresas de los hermanos Hernández, se les solicita que “manifiesten lo que a su derecho convenga respecto a las diligencias probatorias adicionales”, mismas que habrán de ordenarse para su desahogo, sin que se detalle el momento en que se encuentra la indagatoria.
Simulación de competencia
El viernes pasado, el titular del órgano interno de control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó a la Cámara de Diputados que a la red de empresas señaladas por una presunta concentración de mercado se le atribuyen prácticas como la simulación de competencia entre proveedores en procesos de licitación de material electoral y el control de los precios de estos productos.
Indicó que, dentro de la serie de contratos otorgados a estas firmas, detectaron, entre otras irregularidades, cambios en el objeto social días antes de una licitación, deficiencias en las investigaciones de mercado para asignar los contratos y colusión para inflar artificialmente los precios.
Además, apuntó que el mercado electoral va más allá del INE, ya que, junto con los Oples, esta red de empresas sumó contratos por 2 mil 461 millones de pesos.
