Mientras el INE intenta recuperar credibilidad después de los contratos cuestionados, comienza a cobrar fuerza una discusión incómoda: reducir o desaparecer los organismos públicos locales electorales del país.
La salida de Guadalupe Taddei, dejó argumentos políticos para quienes proponen concentrar la organización electoral. El riesgo consiste en confundir una crisis administrativa con el fracaso del federalismo electoral mexicano.
Los llamados OPLES podrían conservar funciones limitadas durante los procesos electorales, mientras el INE asumiría tareas permanentes. Esa posibilidad necesitaría reformas constitucionales, presupuesto y una redistribución institucional cuidadosamente diseñada previamente.
En Tamaulipas, una operación restringida al calendario electoral modificaría profundamente al IETAM. Sin embargo, fiscalización, educación cívica y atención partidista no desaparecen simplemente porque terminan las votaciones del año correspondiente.
El ahorro sería la bandera más visible de esa reforma. También podría revisarse el financiamiento ordinario de los partidos, aunque eliminarlo exigiría cambiar reglas constitucionales hoy vigentes en el país.
Hay un dato que alimenta el debate: en el anteproyecto presupuestal del IETAM para 2026, las prerrogativas partidistas representaban aproximadamente el 54 por ciento del total previsto originalmente.
Pero reducir costos tampoco autoriza debilitar vigilancia, independencia ni organización. La pregunta es cuánto puede ahorrarse realmente sin entregar al poder central decisiones que corresponden a las entidades federativas.
La discusión tampoco nació exclusivamente en Palacio Nacional. Movimiento Ciudadano propuso en marzo eliminar organismos locales y tribunales electorales estatales, acompañado de cambios al financiamiento público de los partidos políticos.
En medio de esa controversia reaparecen los contratos del INE y las empresas relacionadas con José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, señaladas por posibles prácticas monopólicas en compras electorales.
Una investigación iniciada bajo la presidencia de Lorenzo Córdova produjo al menos 69 notificaciones dirigidas a empresas vinculadas con ambos empresarios, según documentación oficial revisada por La Jornada.
El expediente IO-003-2021 fue publicado en julio de 2022, antes de que Taddei llegara al instituto. Ese dato impide presentar las irregularidades investigadas como responsabilidad exclusiva de una sola administración.
Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales y Diseño, Reconstrucción y Comunicación aparecen entre las firmas notificadas. La autoridad investiga posibles acuerdos ilegales entre competidores del mercado electoral mexicano.
El órgano interno de control también señaló indicios de simulación entre proveedores y sobreprecios. Son hallazgos que requieren procedimientos concluidos y responsabilidades individuales, no condenas anticipadas ni absoluciones automáticas injustificadas.
Lo inquietante es que una indagatoria iniciada años atrás alcance dos presidencias del INE. Eso obliga a preguntar quién revisó licitaciones, detectó riesgos y permitió que siguieran aquellos cuestionados contratos.
Estas investigaciones muestran que los escándalos suelen revelarse después de meses o años. El periodismo y los órganos fiscalizadores deben documentar hechos sin convertir sospechas en sentencias judiciales anticipadas firmes.
Tampoco hay pruebas suficientes para atribuir el escándalo del INE a una maniobra empresarial destinada a debilitar al gobierno. Confundir filtraciones con conspiraciones solamente distrae de las contrataciones públicas investigadas.
Con ese desgaste institucional, cualquier propuesta de centralización encontrará terreno político para discutirse. Pero desaparecer organismos locales no garantiza impedir corrupción; también podría concentrar errores, opacidad y decisiones administrativas discrecionales.
El gobierno federal podría convertir el ahorro electoral en argumento de reforma. La cuestión decisiva será si pretende corregir abusos o aprovechar el escándalo para concentrar más poder político electoral y Morena ha logrado concentrar el poder y centralizar las decisiones, los órganos electorales se han salvado, hasta el momento.
