Por Claudia Zapata
Cd. Victoria Tamps.-Luego de que el INE aprobó las normas de imparcialidad para gobernantes rumbo a los comicios del 7 de junio, el órgano electoral estableció que aquí no le pondrán lupa a servidores públicos.
El vocal ejecutivo de la junta local del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, Arturo de León Loredo aclaró, que es facultad del Estado y municipios fiscalizar y actuar conforme a la ley de responsabilidades de servidores públicos la actuación de los funcionarios durante el proceso eleccionario de este año.
Explicó que son las contralorías las que tienen en sus manos la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos y humanos de las dependencias, “nosotros no actuamos de ofició en ese sentido”, dijo.
Recordó que la ley en materia electoral no establece una normatividad sobre la actuación de los servidores públicos durante los procesos electorales, a menos que a través de una denuncia se funden responsabilidades sobre el uso de recursos del erario en actos partidistas.
Sin embargo en el acuerdo de Imparcialidad publicado por el INE, se establecen normas que impide a los servidores públicos asistir a eventos políticos en horarios laborales y días hábiles a mítines, marchas y reuniones o eventos públicos en los que se busque promover o influí en el voto; como se observó recientemente en Tamaulipas durante el ungimiento de los candidatos del PRI a las diputaciones federales, en eventos simultáneos que se efectuaron el
pasado jueves 19 de febrero a las 17:00 horas( día y horario hábil en la burocracia estatal)
Además no podrán disponer de recursos financieros o humanos a favor o en contra de partidos y candidatos; tampoco pueden influir en la contienda a través de medios de comunicación en tiempos oficiales o sitios oficiales de internet y redes sociales entre otros.
Otro apartado establece que los servidores públicos no podrán solicitar licencia o permiso sin goce de sueldo para acudir en día laborable a actos de proselitismo.
En este sentido el vocal del INE en Tamaulipas insistió que lo anterior se trata de un acuerdo de parcialidad pero que no se consigna en la ley, salvo en el caso de uso indebido de recurso públicos.
