Staff MuroPolítico
La Ley para la Mejora Regulatoria en Tamaulipas, busca procurar mayores beneficios para la sociedad con menores costos posibles, así como la realización de los procedimientos administrativos en menor tiempo, esto con el objeto de que los trámites se realicen de manera más eficiente y con ello acabar con el coyotaje, informó el Diputado Ramiro Ramos Salinas.
Elo, señaló que las Secretarías que integran la Administración Pública Estatal, promoverán la modernización permanente de sus sistemas y procedimientos de trabajo, la transparencia en el ejercicio de la función pública, la eficiencia que evite la duplicidad o dispersión de funciones y aprovecharán óptimamente los recursos a su alcance, a fin de responder a los reclamos de la ciudadanía y favorecer el desarrollo integral del Estado.
“Esta Ley promovida por el Gobernador Egidio Torre Cantú y aprobada por el Congreso del Estado, pretende que los trámites para abrir una empresa o para hacer cualquier procedimiento administrativo sean más rápidos, precisamente para que se de agilidad a la apertura de empresas, y que todos los ciudadanos puedan tener pronto su trámite y así se evite la corrupción y el coyotaje”, informó.
Dijo que entre sus estrategias y líneas de acción para la Mejora Regulatoria de Tamaulipas, destaca la de promover a la Administración Pública del Estado, como una organización moderna, eficaz, eficiente, transparente, con una cultura de atención social y servicios de calidad, dentro de un marco de legalidad y respeto a las normas, así como la de modernizar los procesos y la gestión de programas a través de ella, con criterios de transparencia y simplificación administrativa.
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, señaló que con ella, se propicia la generación de servicios, trámites y actos administrativos más eficientes en nuestro Estado, a través de la coordinación de acciones entre las diversas autoridades y los sectores social y privado.
Ramos Salinas, señaló que además procurará el uso de los medios electrónicos, magnéticos o de cualquier tecnología, y el uso de la firma electrónica, archivos electrónicos y base de datos, con la finalidad de reducir y eliminar costos y riesgos tales como: tiempo invertido, gastos económicos, duplicación de requisitos, opacidad, incertidumbre jurídica, discrecionalidad, entre otros.
“Estamos seguros que con esta nueva normatividad se contribuye al fortalecimiento de las instituciones que integran el poder público, ya que su aplicación habrá de otorgar certidumbre, seguridad y transparencia a la población frente al funcionamiento de los entes gubernamentales, por ser estos los fines de la mejora regulatoria y la simplificación administrativa en la administración pública estatal, como medios para lograr el desarrollo económico y la competitividad en el Estado”, finalizó.
