Por: Arturo Rosas H
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno del Estado, las dependencias federales y los 43 Ayuntamientos en Tamaulipas van a “enmudecer” a partir del 5 de abril cuando inician las campañas electorales, al quedar prohibido la difusión de sus acciones y deberá suprimirse o retirar toda la propaganda gubernamental en los medios de comunicación social.
Bajo este clima de ‘fiscalización imparcial’ la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Tamaulipas (Sedesol), instaló el comité de blindaje electoral donde se integra Liconsa, Diconsa, Prospera e Inapam.
Aunado a ello, ‘aceleró’ el pago de los programas como 65 y más, Prospera y reactivará la entrega de Televisores aptos para recibir la señal de televisión digital, hasta el segundo semestre del 2015, como parte de la recalendarización que lleva acabo antes de iniciar la veda electoral, confirmó Lourdes Flores Montemayor, Delegada en funciones de Sedesol.
La Delegación de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), frenará sólo la difusión de sus acciones, debido a que los recursos que se definan en la revisión de los planes regionales de los Municipios, llegará pasadas las elecciones del 7 de junio, informó Sergio Guajardo.
Explicó que en la revisión de los planes regionales, se conoce la propuesta de obras donde hay una aportación del 60 por ciento del Gobierno Federal, 20 Estado y 20 más los Municipios beneficiados.
Sedatu, detalló que este año el programa Habitad tiene un crecimiento de 102 millones a 108 millones de pesos para el 2015. Sin embargo, se estima que con la mezcla de recursos crezca a 200 millones de pesos.
En el programa de Espacios Públicos, se ejercerá después de las elecciones del 7 de junio, y asciende a 56 millones de pesos.
Para Vivienda estaría por definirse, después de que en el 2014 se aplicaron 98 millones de pesos.
Las dos dependencias, el Gobierno del Estado y algunos alcaldes, confirmaron que enmudecerán ante la presión que general la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Las obligaciones de los Gobiernos están establecidas también en tres acuerdos que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE), donde aparecen las “Normas reglamentarias sobre la propaganda Gubernamental”, “Garantizar que la ejecución de los bienes, servicios y recursos de los Programas sociales se apeguen a su objetivo y reglas de operación” así como el acuerdo por el que se garantiza la “Imparcialidad en el uso de recurso Públicos”.
Sedesol Federal en el Estado, hizo una recalendarización y en el programa de 65 y más, se están pagando los bimestres de marzo-abril y de mayo-junio, para que ningún beneficiado se ve afectado por la veda electoral.
Lourdes Flores, confirmó que la distribución de leche Liconsa, los comedores comunitarios como tampoco el Programa de Estancias infantiles y el Seguro para madres solteras “no se verán afectados y seguirán reciben el subsidio”.
En el caso de Empleo temporal, “se detiene la ejecución de los empleos, pero solo por ese periodo y se les paga hasta el mes de junio”.
Arturo León Loredo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, explica que el acuerdo también permite la publicidad de campañas institucionales, pero la propaganda deberá abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno.
“Su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral”.
Además, en caso de que el INE tenga indicios relativos a la utilización de la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos asociados a programas sociales de “los tres órdenes de gobierno con fines electorales, iniciará un procedimiento ordinario sancionador -a través de la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral- y en caso de que éstos pudieran constituir algún delito en materia electoral, dará vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”.
De León Loredo, dejó en claro que los servidores público de cualquier orden de gobierno tienen prohibida la ejecución y reparto de los bienes, servicios y recursos asociados a programas sociales, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier candidato, partido político o coalición.
