Staff MuroPolítico
La Mesa Directiva del Poder Legislativo, recepcionó la Iniciativa promovida por el Gobernador Egidio Torre Cantú, misma que se deriva de las estrategias y líneas para dotar de instrumentos jurídicos y materiales a las instituciones de procuración e impartición de justicia, para la implementación de la reforma procesal penal en la instauración del sistema acusatorio y oral.
Ciudad Victoria, Tamps.- El Congreso de Tamaulipas, recibió una Iniciativa para expedir la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal del Estado y reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, con la cual se crean los mecanismos y procedimientos necesarios para proteger los derechos e intereses de los sujetos que intervengan en el proceso penal, así como los que tenga algún tipo de relación afectiva o vínculo de parentesco.
Durante la reciente sesión realizada por el Poder Legislativo, la Mesa Directiva, recepcionó la Iniciativa promovida por el Gobernador Egidio Torre Cantú, la cual se deriva de las estrategias y líneas para dotar de instrumentos jurídicos y materiales a las instituciones de procuración e impartición de justicia, para la implementación de la reforma procesal penal en la instauración del sistema acusatorio y oral.
La acción legislativa establece la necesidad de adoptar el modelo de Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, para robustecer la reforma integral del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial, preponderantemente oral, a fin de garantizar la estabilidad social que pide la ciudadanía.
Además plantea la creación de una Unidad Administrativa encargada de la protección de personas que intervienen en el procedimiento penal, por lo que se estima necesario reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a efecto de su creación, la cual se propone sea nivel de Dirección y tenga funciones de Ministerio Público.
Cabe mencionar que la Iniciativa propone diversas sanciones, entre las que figura, quien con la intención de poner en riesgo la seguridad de una persona protegida de conformidad con esta Ley, divulgue o revele información sobre las Medidas de Protección otorgadas, será sancionada con prisión de dos a cuatro años y de quinientos a mil días de multa y que cuando el sujeto activo sea servidor público, la pena se incrementará hasta en una tercera parte.
