(Agencia)
Ciudad de México.- En colaboración con 17 instituciones académicas, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide) propuso una agenda prioritaria de cuatro temas para acercar la justicia a las personas: la creación de centros de asistencia jurídica temprana; la regulación de los servicios que prestan los abogados y mecanismos que faciliten establecer su responsabilidad profesional; la revisión del diseño y operación de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de un modelo de justicia familiar.
Como parte del documento se contabilizaron 20 recomendaciones para un plan de acción inmediato. Ocho de esas propuestas corresponden directamente al Ejecutivo federal; seis propuestas para el Ejecutivo federal y otros poderes o entidades y otras seis propuestas para instancias de diálogo y temas prioritarios.
Las propuestas son resultado de una consulta emprendida por el Cide, a instancias del presidente Enrique Peña Nieto el pasado 27 de diciembre pasado cuando elaboró el decálogo para mejorar la Seguridad, la Justicia y el estado de derecho en México.
Con estas propuestas el mandatario realizará una agenda de reformas que serán sometidas al Congreso bajo una iniciativa de ley para dar cumplimiento al compromiso séptimo de dicho decálogo.
Se recabaron 485 testimonios y se recibieron 6000 propuestas a través de más de 15 foros temáticos.
Entre las propuestas específicamente para el Ejecutivo Federal se enlistan: que se coordine una estrategia de comunicación para crear una cultura de derechos; que la Cofemer desarrolle una política nacional de mejora regulatoria y que, de manera conjunta con el Inegi, genere un instrumento para medir la calidad regulatoria.
De igual forma, que la SFP y la Consejería Jurídica encabecen medidas que faciliten la solución de conflictos con las administraciones; que la Profeco priorice un sistema nacional de protección al consumidor, en el que se amplíe el uso de tecnologías de información; que la Cofemer, la Conatrib y la Conago generen un plan para acelerar la implementación de la oralidad en materia mercantil (para emprendedores); una defensoría del emprendedor; medidas para garantizar los derechos de las trabajadoras domésticas; fortalecimiento de programas coordinados por el INM, la SEP y la SER para garantizar la reinserción de los migrantes en sus comunidades.
En las propuestas para el Ejecutivo Federal y otros poderes o entidades se pretende crear un mecanismo de coordinación nacional para impartidores de justicia y mejorar las condiciones de operación de los sistemas de justicia federal y estatales.
Llevar a cabo medidas para reducir la marginación jurídica (condición de la persona que no cuenta con documentos oficiales, como acta de estado civil, títulos de propiedad o testamento, entre otros).
Ampliar el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos y crear modelos de justicia de barandilla y de jueces itinerantes, para que pequeñas comunidades tengan mecanismos de resolución de conflictos. Se pide también considerar que el Ejecutivo convoque a una instancia de diálogo y concertación que diseñe, proponga y evalúe la política pública de acceso a la justicia.
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La justicia
cotidiana en cifras
- Nueve de cada 10 asuntos iniciados en las entidades federativas corresponden a justicia cotidiana.
- 13% (279 mil 811 asuntos) es del ámbito penal.
- 87% (1 millón 863 mil 061 asuntos) son de los ámbitos familiar, mercantil y civil.
- Familiar: 35%; Mercantil: 20%, y Civil: 30%.
- Los métodos alternos de solución de controversias o conflictos favorecen un sistema de justicia más humano, satisfactorio, económico, ágil y expedito.
- El INEGI ha identificado 86 centros de justicia alternativa en el país.
- Reportaron no tener esquemas de solución de conflicto los poderes judiciales de Chihuahua, Morelos, San Luis Potosí y Sinaloa.
- Los estados con mayor cantidad son: Estado de México (14 centros, 16.3%), Guanajuato (9 centros, 10.5%) y Tamaulipas (8 centros, 9.3%).
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