Por Itzchel Moreno Maldonado
Si cada una de las mujeres que han llegado a ser madres biológicas contaran su historia en un hospital público de México, se podrían contabilizar los abusos y maltrato a la mujer en labor de parto.
El hecho lo documentó la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2014, fue una investigación coordinada por Roberto Castro Pérez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.
Esta investigación estaba enfocada a registrar los abusos que realiza el personal del área de gineco-obstetricia, pueden ir desde el simple cuestionamiento: ¿cuántas parejas tuvo?…
Cuando son más de dos, la mirada de la enfermera corpulenta se asoma entre sus lentes y las cejas, para observar a la mujer del otro lado del escritorio.
Bastaría la opción más de una pareja…
Luego las pláticas de convencimiento, ¿Tiene pareja?, “tenga un niño, esta joven”… como si ellos fueran a firmar un cheque de manutención para el bebé.
Y todo por no colocar un anticonceptivo de nueva generación que podría prevenir un embarazo no deseado.
O la doctora que se niega a recetar anticonceptivos argumentando que ella no fomenta el libertinaje.
En esta fase podría incluirse a las Farmacias Guadalajara, con dueños bastante religiosos que prohíben la venta de la pastilla del día siguiente y que además instruyen a su personal para decir en tono despectivo: “Aquí no vendemos esa clase de medicamento”.
Ya en la sala de expulsión han realizado la salpingoplastia a mujeres que nunca dieron su consentimiento para ello.
Han entregado exámenes de laboratorio con supuestos resultados de VPH y al buscar una segunda o tercer opinión resultan negativos.
La investigación de la UNAM reveló también que existen códigos de comunicación entre médicos y enfermeras para reír de situaciones que ellos califican cómicas, mientras atienden a una mujer en labor de parto.
Y se indicó que entre el año 2000 y 2012 en México hubo 2 mil 877 quejas en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en el área de Gineco – obstetricia.
Reír de una mujer, ignorar sus peticiones de ayuda, no permitir que decida si acepta o no un método anticonceptivo permanente y sentirse juzgada, son prácticas que deben terminar al reconocerlo como maltrato.
