(Agencia)
Ciudad de México.- Recursos transferidos sin comprobación, sobreprecios, incumplimiento de contratos sin penalizaciones, además de equipos inservibles, obsoletos y robados conforman el desfalco financiero permitido por la Secretaría de Gobernación durante el frustrado proceso de la cédula de identidad.
Otras irregularidades en la malversación de dinero público son deficiencias en el manejo de datos biométricos, compra de materiales caducos o de baja calidad, traspasos millonarios sin la prestación de algún servicio y la contratación innecesaria de personal, calificado como incompetente pero con salarios excesivos.
Estas pifias o estafas cometidas desde 2009 han sido acreditadas en reportes de diversos organismos como Talleres Gráficos de México, Transparencia Mexicana y Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Desde la fiscalización de la Cuenta Pública 2008 la ASF detectó riesgos económicos y pidió a la Segob “establecer un programa con objetivos, estrategias, asignación de recursos, responsables y tiempos de ejecución en torno a la Cédula”. Pero nada se hizo. Y en 2011 recomendó incluso a la Cámara de Diputados suspender la asignación de recursos para el proyecto.
HUELLAS. En ese mismo 2011 y 2012 la Auditoria detectó que Gobernación supuestamente transfirió a cinco entidades registradoras de datos un total de 202.5 millones de pesos, de los cuales al menos 154 millones no fueron comprobados. Y denunció pagos en exceso a personal contratado para tal efecto.
La ocupación de decenas de plazas en la Segob —en especial de mando—, sin evaluaciones objetivas ni procesos transparentes de selección, fue alertada por la ASF desde 2009: descubrió que los reclutados no cumplían con la escolaridad y experiencia requerida para la expedición de la cédula, además de que su trabajo resultó fantasma, pues ya recibían jugosas quincenas cuando ni siquiera se contaba con instalaciones ni equipamiento para operar el Servicio Nacional de Identificación Personal.
Desde noviembre de 2009 brotaron las sospechosas… La licitación para vender dos mil equipos especializados en la obtención de datos biométricos por casi 300 millones de pesos fue ganada por Smartmatic, empresa conocida como especialista en fraudes electorales e investigada por el FBI y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por evasión fiscal y pago de favores a funcionarios públicos para adjudicarse contratos.
En los expedientes de inconformidad sobre el fallo fueron develadas diversas anomalías en los equipos, como falta de nitidez en imágenes del iris y desorganización en archivos de datos personales. De manera irregular y fuera de las bases de licitación, Gobernación había avalado un cambio en la cámara que captaría el iris: ya no sería profesional, sino una especie de visor de juguete que a la postre contribuiría en el fracaso.
Cuando el esquema se redujo a menores de 17 años, se corroboró la inutilidad de los dispositivos, diseñados para captar datos de adultos pero inapropiados para tomar de forma correcta el iris de los pequeños.
“La implementación fue muy mala. Los equipos representaron una oportunidad para desviar recursos, e incluso ni siquiera funcionaron”, refiere María Elena Morera, de Causa en Común.
Pero lo que la Auditoría denunció con el tiempo fue más grave… Comprobó que en el propio contrato con Smartmatic, la Segob ignoró “el inventario y verificación del funcionamiento de los equipos biométricos, la capacitación del personal que los operaría, el calendario de entregas y las penas convencionales por fallas”. Tampoco hubo transferencia de tecnología, pólizas de seguro ni de responsabilidad civil.
Casi un año después de la entrega teórica de equipos, “éstos se encontraban almacenados, pese a que debían haberse repartido en los estados”, y decenas de computadoras habían sido enviadas a servicio técnico, porque la proveedora, además de cambiar la marca comercial de última hora, instaló una memoria RAM errónea. También se identificó que los maletines estaban incompletos: “En algunos casos faltaba la batería externa de lap top, toallitas de iris y esponjas”.
Para 2011, la ASF verificó que muchos equipos estaban en bodegas, sin utilizar. Y al menos 16 habían sido robados: 8 en Jalisco, 4 en Baja California, 3 en el Estado de México y 1 en Chiapas, con un costo de más de 2 millones de pesos. Nunca se proporcionó evidencia sobre su reposición o los resultados de las denuncias presentadas.
“Gobernación no cuenta con registros actualizados del estatus que guardan los equipos biométricos, y sobre cuántos han sido sustraídos de manera ilegal”, acusó.
Según la ex comisionada del IFAI Sigrid Artz, corresponde a este Instituto constatar el adecuado almacenamiento y manejo de los datos en poder de la Segob y en el caso de equipos robados investigar si éstos contenían datos personales de menores de edad y notificárselo a los padres. ¿Hubo información perdida?, ¿se recuperó o está siendo mal utilizada?”.
Pero en el IFAI hoy gana la indiferencia, y el silencio.
“Sí hubo equipos que desaparecieron, pero la información estaba encriptada”, ataja Alberto Alonso y Coria, quien operó el programa en el último año y medio del gobierno calderonista:
“En la mayoría de los casos fue robo hormiga, se llevaban algunos dispositivos, cables, pero recuperarlos era el problema, los esquemas administrativos resultaban muy tardados. Tan sólo para que se aprobara un programa de mantenimiento general se perdieron más de seis meses”…
SIN VIGILANCIA. La contratación del Servicio Nacional de Identificación Personal (que incluía un centro de integración de base de datos y servicios de almacenamiento y manejo de biométricos), que ganaron a finales de 2009 los licitantes Axtel-Unisys de México por casi 765 millones de pesos, también dejó al descubierto negligencias y dispendio.
En el informe presentado por Transparencia Mexicana como testigo social ya se cuestionaba, además de la seguridad de los datos, el ejercicio de un excesivo gasto público en una época de crisis en el país.
A la par de contradicciones en el proceso, se notó la prisa de Gobernación, “al plantear la necesidad de concluir las juntas de aclaraciones a la brevedad posible, aún con la recomendación de dar tiempo suficiente para contestar dudas”.
Se omitieron además pruebas de concepto que debían “servir para comprobar la capacidad de equipos, tecnologías y materiales”.
La propia Auditoria reportó en la Cuenta Pública de 2011 “deficiencias en el servicio contratado para la transmisión de datos que no son enviados en tiempo real a la Secretaría y quedan como pendientes de envío”.
Al final, el contrato millonario de cuatro años —2009 a 2012— con Axtel-Unisys culminó en nada, en costal roto.
Hoy el software quedó rebasado y a nivel federal se carece de la infraestructura para continuar el programa. Se pagaron otros 300 millones de pesos al Instituto Nacional de Administración Pública para recuperar los descascarados maletines biométricos, se firmó un convenio con el Instituto Politécnico Nacional para rescatar las maltrechas bases de datos en poder de Axtel y otro acuerdo con los gobiernos de los estados para resguardar los olvidados módulos de registro.
De la promesa de emitir 80 millones de cédulas de identidad se pasó a 25.7 millones de documentos para menores… Sólo en el papel, porque pese al derroche de dinero la administración de Felipe Calderón logró apenas el registro de 6 millones 877 mil 352 niños, el 8 por ciento del plan original. Y peor aún: se entregaron 3 millones y medio de cédulas, es decir, a la mitad de los registrados, más otras 431 mil en la presente administración.
¿Y los culpables?…
