(Agencia)
McAllen, Texas.- De acuerdo con el medio fronterizo, la acusación hecha el pasado 27 de mayo incluye al ex mandatario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a su cuñado, Óscar Gómez Guerra. Ambos son señalados por recibir pagos de miembros del crimen organizado a cambio de dejarlos operar libremente en la entidad.
“Los dos [Hernández Flores y Gómez Guerra] están acusados de conspiración para lavar dinero, delito que es castigado con una pena máxima de 20 años, y por operaciones ilícitas en negocios, lo que conlleva una pena máxima de prisión de cinco años”, refiere el diario.
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El ex Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores (2005-2010), es acusado por una Corte federal de Texas, en Estados Unidos, de lavar de dinero para ocultar los sobornos que haría recibido de integrantes del cártel delictivo, informó este viernes el diario norteamericano San Antonio Express-News.
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El reporte indica que ya fueron emitidas órdenes de arresto contra el ex Gobernador y su cuñado. “Ambos son considerados fugitivos de la Ley y se mantiene una orden de arresto contra ellos”, informó la Corte al oficializar los cargos.
El diario San Antonio Express-News refiere que la acusación busca el decomiso de tres propiedades que Hernández Flores tiene en McAllen y Austin. La casa en Austin, en la calle de la Cueva, se valora en más de 2.3 millones de dólares, según el medio.
En julio de 2014, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) señaló a Hernández Flores de recibir sobornos de un grupo delictivo durante su mandato y de lavar ese dinero en el sur de Texas a través del empresario mexicano Guillermo Flores Cordero, acusaciones que negó el ex mandatario.
Hernández Flores es sucesor de Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien está acusado en Brownsville por crimen organizado, narcotráfico y delitos financieros. En agosto de 2012, un juez federal de México giró una orden de aprehensión contra el ex Gobernador tamaulipeco.
Aunque Yarrington se amparó alegando violaciones a sus garantías constitucionales y contra los actos del Ministerio Público de la Federación, el 27 de febrero de 2014 el Juez de amparo validó el mandato de captura girado contra el ex Gobernador y al mismo tiempo desechó el amparo del prófugo de la justicia contra una presunta aprehensión por delincuencia organizada, ya que la captura no procedió por este delito.
San Antonio Express dio a conocer el 3 de julio de 2014 las transcripciones de un juicio realizado el pasado 5 de diciembre, donde Flores Cordero se declaró culpable en la Corte Federal de Corpus Christi de un cargo de conspiración de lavado de dinero. Durante la audiencia, los fiscales dijeron que entre los clientes de Cordero estaban el ex mandatario Hernández Flores y miembros de su familia.
En respuesta, el ex mandatario sostuvo que son falsas las declaraciones del empresario. ”Niego categóricamente lo dicho por este señor a las autoridades estadounidenses respecto a mi persona. Es una declaración totalmente falsa […] siempre he sido y seguiré siendo escrupulosamente cuidadoso de no tener ningún tipo de relación o vínculo con los grupos delincuenciales”, replicó en un comunicado de prensa.
Meses después, en diciembre de 2014, el Gobierno de Estados Unidos inició una demanda civil contra el Secretario de Desarrollo Social de Tamaulipas, Homero de la Garza Tamez, para llevar a cabo la confiscación de 1.1 millones de dólares depositados en cuentas de bancos de Texas.
De acuerdo con el Departamento de Estado de EU, los fondos presuntamente vienen del lavado de dinero, derivado de sobornos a cambio de la asignación de contratos. Homero de la Garza fue funcionario público durante la administración de Eugenio Hernández Flores.
De acuerdo con la denuncia civil presentada en contra de Homero de la Garza Tamez, él recibió algunos de los sobornos en efectivo y otros en cheques que fueron depositados en cuentas bancarias en Texas a través de transferencias. En una de las cuentas, el funcionario falseó información sobre la procedencia de sus recursos.
Former Tamaulipas Governor Indicted in Money Laundering Scheme with Brother-in-Law
CORPUS CHRISTI, Texas – An indictment has been officially unsealed charging Eugenio Hernandez Flores, the former governor of Tamaulipas, Mexico, with conspiring to launder monetary instruments and aiding and abetting the operation of an unlicensed money transmitting business, announced U.S. Attorney Kenneth Magidson.
Hernandez Flores, 57, was indicted along with Oscar Gomez Guerra, 43, on May 27, 2015. Following a motion filed by the United States, the court officially unsealed that indictment late yesterday.
Hernandez Flores was the governor of the Mexican State of Tamaulipas from 2005 to 2010. Gomez Guerra is married to his sister.
The U.S. government intends to seek a personal money judgment from both men in the amount of $30 million. Also included in the indictment is a notice of criminal forfeiture regarding four real properties, three of which are located in McAllen and are valued at more than $2 million. The other property is located in Austin.
If convicted of the money laundering conspiracy, the two face up to 20 years in federal prison and a fine of up to $500,000 (or twice the value of the monetary instrument or funds involved in the transactions or both). They will also face up to five years in federal prison and a $250,000 maximum fine if convicted of operating an unlicensed money transmitting business.
Both men are considered fugitives and warrants remain outstanding for their arrests. Anyone with information about their whereabouts is asked to contact the Drug Enforcement Administration (DEA) at 713-693-3000.
The investigation leading to the indictment was conducted through OCDETF in Houston, San Antonio, Brownsville, Laredo, McAllen and Corpus Christi. The DEA, Internal Revenue Service – Criminal Investigation, Homeland Security Investigations, FBI, and the U.S. Marshals Service conducted the investigation. The case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorneys Jesse Salazar and Julie K. Hampton.
An indictment is a formal accusation of criminal conduct, not evidence.
A defendant is presumed innocent unless convicted through due process of law.
