Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con un expediente en el que una de las líneas de investigación busca descubrir a los integrantes de la red de protección estatal que permitió al “Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)” expandir su poder, y que su líder Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, pudiera desplegar sus operaciones criminales en los últimos años, confirmaron autoridades de la dependencia.
Este jueves, EL UNIVERSAL publicó el contenido de informes validados por autoridades de seguridad del gobierno federal que revelan que gracias a la protección con la que contaba el cártel, el 27 de agosto de 2012 —en un operativo de las fuerzas federales en Zapopan, Jalisco— “El Mencho” fue capturado, pero autoridades del estado “gestionaron” su liberación.
Fuentes de inteligencia militar confirmaron a este diario que el incidente ocurrió de esta forma y que se dejó en libertad al narcotraficante.
La Secretaría de Marina, señalada en los documentos, rechazó que interviniera en la detención del capo, y destacó: “Esta institución desmiente categóricamente haber participado en la captura de esa persona”.
Los informes develaron que el entonces secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, tenía presuntos nexos con el CJNG y que él convenció al gobernador panista Emilio González para que éste pidiera su liberación al gobierno federal.
El ex gobernador emitió un comunicado en el que dijo: “nunca he tenido comunicación, por ningún medio, con personas que son buscadas por alguna autoridad y nunca, bajo ninguna circunstancia, he realizado gestión alguna para beneficiar a infractores de la ley”. Luis Carlos Nájera rechazó su implicación y expuso: “nunca me involucré con algún grupo del crimen organizado”.
Políticos de cinco partidos pidieron que se indague la participación del ex gobernador. El coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera, dijo que se debe determinar si hay elementos jurídicos; el ex presidente del PRD, Jesús Ortega, señaló que el delito no ha prescrito, por tanto se debe indagar. Por último, el senador de PRI Omar Fayad aseguró que de ser cierto tendría implicaciones “gravísimas”.
