Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la finalidad de tener una mejor distribución de las habitaciones de la vivienda, ahora los terrenos que se vendan para su construcción por ley aumentará el mínimo de metros lineales, de frente de 6 metros a 8 metros y de superficie total de 96 metros cuadrados a 120 metros cuadrados.
Lo anterior quedó establecido, en una reforma que los legisladores de la Diputación Permanente, realizaron a la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas.
Explicaron que con esta ley, frenará la construcción de las mini casas porque en la actualidad el promedio de la vivienda popular es de 40 metros cuadrados, cuando al menos hace 30 años era el doble, y se contaba con espacio suficiente para un área de esparcimiento familiar, un área verde o jardín.
Detallan que las viviendas de interés social que se ofrecen hoy en día, son terrenos que aproximadamente miden cinco metros de frente por quince de fondo, de los cuales, únicamente, un promedio de cuarenta metros se encuentran construidos, “lo que trae como consecuencia minúsculos espacios distribuidos en sala, comedor, cocina, dos recámaras, baño y donde apenas existe un patio; es decir, se adolece en su caso, de un espacio para esparcimiento personal, entre otros”.
En el dictamen, le reprochan al sexenio panista, las políticas de vivienda que llevaron a cabo y se cita: “Dicha política deberá partir por lo tanto del diagnóstico de necesidades y no de los requerimientos del mercado como sucedió el sexenio pasado y como se observa la tendencia en el presente”.
Los legisladores añaden que se requiere de una política habitacional que contemple todas las formas viables, sin perder de vista tan serio problema.
Es decir, contrario a lo que sucede actualmente, en donde se da prioridad a los créditos para adquisición de vivienda nueva, parte del problema se resuelve y se genera inversión sector de la construcción pero, “se deja fuera de la posibilidad de acceder a una vivienda adecuada a la mayor parte de las familias que se alojan en sitios sin las condiciones indispensables de habitabilidad, establecidas en nuestro sistema jurídico.