Ciudad de México.- La Suprema Corte de Estados Unidos tendrá la última palabra sobre las medidas migratorias emitidas por el presidente Barack Obama, después de que una corte de apelaciones fallara en contra de unas órdenes ejecutivas que evitarían la deportación de al menos cinco millones de inmigrantes indocumentados.
El Departamento de Justicia estadunidense anunció ayer que llevará el caso al Alto Tribunal por estar en desacuerdo con la decisión de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, que este lunes decidió mantener la suspensión de las medidas tras meses de deliberación.
“Lo antes posible”. El portavoz del Departamento de Justicia, Patrick Rodenbush, declaró que “no están de acuerdo con el fallo adverso del Quinto Circuito y tiene la intención de buscar una revisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos”
“El Departamento de Justicia mantiene su compromiso de tomar medidas que resuelvan el litigio sobre inmigración lo antes posible, dando prioridad a la deportación de los peores delincuentes, y no a las personas que tienen vínculos de larga duración con EU y que están criando niños estadunidenses”.
De este modo, las acciones ejecutivas emitidas por el mandatario quedan en manos de la Suprema Corte, máxima instancia judicial del país, que primero deberá decidir si escucha el caso, y luego, en caso de aceptar, someterlo a escrutinio.
El efecto inmediato de la decisión de la Corte de Apelaciones es la continuidad del bloqueo de las medidas, lo que impide que cinco millones de inmigrantes indocumentados en todo el país puedan solicitar ser excluidos de las listas de deportación de las autoridades migratorias.
Obama, optimista. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, aseguró ayer en su rueda de prensa diaria que el Gobierno estadunidense “continúa creyendo firmemente en el poder legal de los argumentos” presentados a favor de las medidas, y manifestó su optimismo sobre un posible fallo del Supremo.
La decisión del Gobierno de plantear el caso ante el alto tribunal era muy esperada por activistas e inmigrantes, y alienta una batalla potencial sobre las políticas de inmigración del presidente en medio de un año electoral que desembocará en los comicios presidenciales de 2016.
DACA y DAPA. La conocida Acción Diferida (DACA) ha protegido de la deportación desde 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños y DAPA, anunciada por el presidente a finales del año pasado y que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadunidenses o de residentes legales.
Los demandantes contra estos programas son una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos, liderados por Texas y que sostienen que las medidas ejecutivas de Obama en inmigración son un cambio demasiado grande en la política del país como para que el presidente pueda actuar sin autorización del Congreso.
En el otro lado de la batalla, una coalición de otros 15 estados más el Distrito de Columbia han decidido unirse para defender las acciones, algo que continuarán haciendo ante el Suprema Corte, según advirtió ayer en una conferencia telefónica la fiscal general de California, Kamala Harris, uno de los estados con más flujo migratorio del país y que cuenta con un gobernador demócrata.
Harris, quien dijo que uno de cada tres posibles beneficiarios de las acciones ejecutivas reside en su estado, subrayó el “indiscutible” impacto positivo de las medidas en la economía californiana y estadunidense y las consecuencias devastadoras para las familias inmigrantes que continúan “viviendo en las sombras”.
Por su parte, la aspirante demócrata a la Presidencia y favorita en los sondeos, Hillary Clinton, se mostró esperanzada con un fallo positivo de la Suprema Corte.
“Está claramente establecido que el presidente tiene la autoridad legal para emitir estas protecciones. Espero que la Suprema Corte no se demore en darle una audiencia justa a esta apelación, para que millones de familias dejen de vivir sin miedo a ser separadas”, declaró.
