La Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (FIESP) se reunió el pasado jueves de urgencia con el fin de tratar un único tema del día: el expresidente Lula iba a ser nombrado ministro de la Casa Civil, casi un primer ministro dentro del régimen presidencialista brasileño. La federación, que agrupa a diferentes sectores de la industria y la empresa brasileñas, había asumido un papel central en la pelea para expulsar a la presidenta Dilma Rousseff del poder desde el año pasado. Ese día, en la reunión, se llegó a proponer, para acelerar la caída de Rousseff, una huelga de patrones: dejarían de trabajar por un día. Pero finalmente decidieron cambiar de táctica y lanzaron la campaña “Impeachment ya” (Destitución ya). “Firmamos un manifiesto junto con otras entidades en apoyo a la destitución de Rousseff porque Brasil va a la deriva”, explica Humberto Barbato, miembro de la Asociación Brasileña de la Industria Eléctrica y Electrónica.
Los empresarios apoyaron en su tiempo al Partido de los Trabajadores de Lula y Rousseff, cuando el país crecía sin parar y el Gobierno les concedía todas las facilidades. Hoy no esconden la urgencia de ver a la presidenta fuera del Gobierno. El pasado jueves, al mismo tiempo que la comisión de destitución parlamentaria se formaba en el Congreso, la Bolsa brasileña tuvo la mayor alza desde 2009. Paralelamente, el dólar caía.
La FIESP asumió una postura radical con el objetivo de encontrar un atajo para la crisis. Y usa todos los recursos que puede para que Rousseff salga del Gobierno antes de 2018, aprovechando su localización privilegiada, en el corazón de la avenida Paulista, punto de encuentro de quienes se manifiestan contra el Partido de los Trabajadores.
(Con información de: El País)
