Brasil, Brasilia.- A pesar de la gran presión política que se vive en Brasil para que Dilma Rousseff abandone el cargo de presidenta de dicho país, parece que el proceso que busca destituirla se enfrenta a un nuevo obstáculo: el de carecerde una base jurídica.
Los que han declarado esto son dos organismos internacionales que tienen una influencia y un peso político importante. La Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según el presidente de la Corte IDH, Roberto Caldas, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, han afirmado que el proceso en contra de Rousseff presenta varias irregularidades, como que varios diputados que evaluaron las denuncias contra la presidenta hayan expresado previamente su posición contra la mandataria.
En ese renglón, el secretario de la OEA había expresado su apoyo a Rousseff.
