Cuando falta menos de un mes para entregar las funciones de procurar la justicia para los tamaulipecos, es cuando la procuraduría tamaulipeca ha tenido valor para reconocer que hay más de 5 mil desaparecidos, en esta entidad, fallida cómo se le denominó a Tamaulipas durante el gobierno federal del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. Hasta en fosas comunes tiene difuntos por identificar. Son temas que forman parte de la deuda con las familias de los 43 municipios tamaulipecos y la herencia de dolor que tendrá que asumir la próxima administración.
Lo que no se ha dicho es que las fosas de referencia, son parte de las obras que se construyeron en los últimos 5 años 9 meses, debido a la falta de infraestructura propia para las tareas de estudio, resguardo y cumplir con los protocolos de ley. Además había incapacidad para dar un trato digno a los difuntos de la violencia y la inseguridad.
En este período de dolor por los caídos y los desaparecidos, las autoridades se habían mostrado parcas y ajenas de esa problemática. O será acaso que a uno días de dar cuentas de los procedimientos de esa índole, es cuando las autoridades salientes han optado por asincerarse y revelar la verdad de la tragedia humana y social de la última media década en esta entidad, de la que sólo ellos han sido testigos y en la que han aplicado las técnicas modernas de investigación y las prácticas más nefasta para opacar los motivos del dolor humano.
Es una situación que la procuraduría estatal tendrá que documentar en su entrega recepción, que inició ayer martes, porque es parte de la responsabilidad que deberá asumir el procurador del nueva administración. Lo mismo que las miles de denuncias presentadas por los parientes de las víctimas del delito. -A las que por cierto, registradas en las últimas semanas, la actual administración les ha pedido que documenten sus peticiones y las presenten al gobierno siguiente-.
Por lo mismo será hasta después del primero de octubre cuando los tamaulipecos podrían conocer la verdad, sobre sus difuntos y sus desaparecidos. Porque si la actual administración ya empezó a ventilar las deficiencias administrativas, tendrá que hacer lo propio con las historias de pánico y dolor que sofoca y mantiene sin aliento a miles de familias tamaulipecas.
Asimismo, derivado de los recientes hechos relacionados con las desaparición de algunos empresarios locales, las cámaras y organismo empresariales del centro de la entidad, volvieron a tocar las puertas de la secretaría general de gobierno y la secretaría de seguridad pública, por el pánico que predomina en el sector de los pocos emprendedores y generadores de empleo que quedan en la ciudad capital. Es por demás compleja la situación de inseguridad, que parece no tener fin el ciclo de la violencia en esta región.
Por otra parte, ayer la señor María del Pilar González presentó su sexto informe de labores al frente del sistema para el desarrollo integral de la familia (Dif), donde destacó la atención a niños, mujeres y jóvenes en situaciones críticas. Al acto austero, asistió su esposo Egidio Torre Cantú gobernador de la entidad, sus parientes y la mayoría de los integrantes del gabinete. El informe se presentó en el auditorio de ese organismo de servicio social, que se ubica en la calzada de Tamatán.
Hablando informes de mujeres, la que también prepara su informe de labores al frente del sindicato de trabajadores del estado es la todavía diputada local Blanca Valles Rodríguez, está programado para el próximo 26 de septiembre.
En tanto, que el dirigente estatal del partido Morena, Enrique Torres y su gemelo Antonio Leal impartieron cursos a regidores y un diputado plurinominal sobre cuestiones legislativas y valores. El mes anterior reinaguraron oficinas del mismo partido en Ciudad Mante.
Los primeros ejercicios de los cambios de poderes tuvieron lugar el lunes anterior. Aún no se define si algunas de las secretarías o subsecretarías gubernamentales se desplazan a otras ciudades tamaulipecas. Es una decisión que depende de la validación final de ese proyecto y de que concluya el proyecto de la nueva Ley Orgánica de la Administración Estatal que tendrá que aprobar la actual legislatura. A eso se debe el titubeo del presidente del organismo legislativo, cuando se refiere a una sesión extraordinaria más. En la forma se buscaría descentralizar la función gubernamental. Y en el fondo debilitar al núcleo de priístas que ha gobernado los últimos doce años. Además se advierte un gobierno itinerante.
