Las familias y allegados de víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 podrán demandar ante la justicia estadunidense a otros países, como Arabia Saudita, según una ley aprobada ayer por el Congreso de Estados Unidos.
Al menos 15 de los 19 secuestradores que ejecutaron los ataques terroristas en Nueva York, Washington y Pensilvania eran de origen saudita, aunque el gobierno de ese país ha negado cualquier tipo de papel en los atentados en Estados Unidos.
El proyecto de ley, rechazado por Riad, debe ser todavía revisado por el presidente estadunidense, Barack Obama, quien ya había expresado su oposición a tal medida, puesto que contradice el principio de inmunidad.
Aunque el Presidente no ha emitido una amenaza formal de veto, la Casa Blanca había señalado después de la votación del Senado en mayo pasado que el proyecto de ley difícilmente sería promulgado por Obama, debido a que Arabia Saudita es visto como un aliado clave en la región.
A pesar de la oposición del presidente estadunidense, una iniciativa de ley idéntica había sido aprobada de manera unánime por el Senado, por lo que el destino final dependerá del mandatario, que tiene la opción de vetar la propuesta de legislación.
Si Obama veta la llamada Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo, se requieren dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado para invalidar el veto presidencial.
Bajo la ley actual, las víctimas de terrorismo pueden demandar solamente a los países designados por el Departamento de Estado como patrocinadores del terrorismo, como Irán y Siria.
No se ha probado la existencia de una complicidad oficial de Arabia Saudita en los ataques y el reino nunca ha sido implicado formalmente.
Si Obama promulga la iniciativa, los tribunales de Estados Unidos podrían aceptar demandas de familiares de las casi tres mil víctimas mortales y los más de seis mil heridos que causaron los ataques.
