Ciudad de México.- El exgobernador de Sonora Guillermo Padrés acumula 22 amparos sin que, hasta el momento, se le hayan concedido, declaró Odracir Espinoza Valdez, fiscal especializado en la Investigación de Hechos de Corrupción.
“Tenemos 205 amparos y un personaje en particular tiene más de 22 amparos en contra de nosotros. La realidad de eso es que muchos están temerosos porque tarde o temprano tendrán que rendir cuentas”, expresó.
En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, explicó que de los 205 amparos, a la fecha se han resuelto 52 y, de éstos, en 51 no existe violación a los derechos humanos por parte de la fiscalía.
“Cada acto de autoridad para ellos les resulta un amparo, sin que a la fecha se les haya concedido”, declaró.
El fiscal anticorrupción de Sonora comentó que actualmente hay en trámite 153 amparos en los tribunales colegiados con 12 expedientes de exservidores públicos de primer nivel, listos para consignarse ante la justicia.
“Pero no hay amparo eterno, y en el caso de la PGR, aquellos delitos graves, como operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros, un amparo no detiene nada. El tema de libertad se pone a disposición del juez federal, pero no te impide poder consignar ante la justicia”, dijo.
Informó que se han asegurado 172 millones de pesos en cuentas y en bienes inmuebles, y se han realizado más de nueve mil diligencias a la fecha.
Además, han colaborado en la integración de 33 expedientes con la Procuraduría General de la República (PGR) de exfuncionarios vinculados con delitos graves como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, entre otros.
“De todos esos expedientes, nosotros tenemos 15 órdenes de aprehensión que nos han obsequiado jueces. De ésos, tres son exsecretarios de Estado del gobierno anterior”, indicó.
También se ha investigado a 652 personas, de las cuales 200 son exservidores públicos.
El fiscal comentó hay empresas que se crearon a ex profeso para realizar actos de corrupción, para ser beneficiadas con contratos. “La realidad es que, verificando en sus domicilios fiscales, te topas con que son domicilios que ni siquiera están habitables”.
Odracir Espinoza Valdez reconoció que, en 35 años, en Sonora, el Poder Judicial del estado no ha consignado a ningún exfuncionario por enriquecimiento ilícito, y el servicio público ha perdido mucha credibilidad.
