Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al recibir capacitación, por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), titulares de las diferentes áreas y departamentos del Congreso del Estado, desarrollaron diversas actividades, a fin de formarse como los primeros evaluadores, ello como parte de la acreditación otorgada a este Poder, como entidad certificadora.
La encargada de dirigir estos ejercicios, realizados durante tres días, Erika Caballero Echeverría, jefa del departamento de Transferencia de Conocimientos Básicos en CONOCER, resaltó que esta certificación, es un valor agregado en las labores que desempeñan los colaboradores del Congreso, mediante la cual van a demostrar que tienen las capacidades necesarias para desarrollar acciones específicas.
Una vez que los Servidores Públicos del Congreso han sido capacitados son los primeros evaluadores acreditados.
Durante el miércoles, jueves y viernes de esta semana, recibieron información y orientación de cómo iniciar una evaluación, principios normativos y operativos, con el propósito de ponerse en marcha como entidad certificadora.
El enfoque de estos trabajos, se basaron en el estándar 0076, que se refiere a la evaluación de la competencia de candidatos, obligatorio para los futuros evaluadores, donde pusieron en practica el proceso de una evaluación de desempeño, productos y conocimiento del mismo Congreso u otra entidad.
La capacitadora, Erika Caballero, señaló que después de esta fase, continuarán con la de procesos cruzados o triadas, con lo cual estarían formados como evaluadores competentes, contando siempre con el apoyo de CONOCER.
“Ellos buscan estandarizar las funciones dentro del Congreso, para posteriormente apoyar en la certificación de otros Poderes Legislativos, la idea de estandarizar las áreas que llevan a cabo y vean como mercado a los demás Congresos, para de esa forma, trabajar en su certificación”, añadió.
Con este proceso de capacitación, la Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, ha emprendido acciones que contribuyen en la competitividad de las funciones legislativas del Estado, en favor de la sociedad que espera servicios eficientes y de resultados de sus instituciones.
