El Estado mexicano negó que la práctica de la tortura en el país sea generalizada. Sin embargo, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Martha Delgado Peralta, aceptó que hay muchas instituciones que ven con esta práctica una manera de obtener información de personas que han sido señaladas de algún delito.
Reconoce Martha Delgado que algunas instituciones aún recurren a esa práctica
Ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés), representantes del gobierno mexicano aseguraron que la cifra de denuncias por este delito va a la baja, lo que refuta la afirmación hecha la víspera por los expertos de esa instancia internacional, quienes señalaron que se trataba de una práctica endémica y generalizada.
Este viernes, México compareció ante el CAT –conformado por 10 expertos–, en el contexto del 66 periodo de sesiones del comité, que se realiza en esta ciudad. La delegación mexicana estuvo encabezada por la subsecretaria Delgado. Al igual que la víspera, los expertos manifestaron su preocupación en torno a un amplio número de temas: situación de defensores y periodistas, los riesgos de la Guardia Nacional, la impunidad, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, migrantes, violencia contra la mujer e indígenas, entre otros.
Estamos recurriendo a organismos internacionales para que nos ayuden a conocer las mejores prácticas que otros países llevan a cabo para combatir este flagelo que azota al país. Un ejemplo es mejorar las prácticas de interrogación. Hay países que tienen técnicas que son más eficientes y que no requieren de tortura, hay muchas instituciones que están recurriendo a esa práctica porque piensan que no pueden obtener información de los acusados de otra manera, aseveró Delgado.
Comentario de funcionaria sorprende e indigna
Ese comentario causó sorpresa e indignación entre muchos integrantes de las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron presentes en la audiencia pública efectuada en el Palacio Wilson, sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La funcionaria admitió que en México hay tortura, pero no que sea generalizada o que se trate de una política de Estado.
Francesco Pipitone, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se sumó al rechazo. Sobre la referencia usada el día de ayer (jueves) en el sentido de que la tortura es una práctica generalizada en México (hecha por Diego Rodríguez Pinzón, miembro del CAT), el gobierno federal reconoce los retos y desafíos que representa la tortura. Sabemos que es un problema grave, lo tenemos claro, y lo estamos atendiendo, pero es igualmente cierto que no se trata de una política de Estado ni que su práctica sea generalizada.
Enumeró una serie de datos a la baja en las quejas por ese delito ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Policía Federal fue señalada en 2016 en 360 requerimientos ante la instancia de garantías fundamentales y en 40 ocasiones en 2018. El organismo nacional emitió 113 recomendaciones contra el Ejército en 2013, cifra que cayó a 22 en 2018; de estas últimas, 11 fueron por tortura. En tanto que la hoy Fiscalía General de la República tuvo 42 quejas por este delito hace seis años y 32 el año pasado. No presentó datos de la Marina.
El presidente del CAT, Jens Modvig, informó que los representantes de México tienen hasta el martes de la próxima semana a las seis de la tarde para enviar más comentarios y respuestas por escrito, pues el informe final y recomendaciones al Estado se presentarán el 17 de mayo.
