Río de Janeiro.- La policía brasileña arrestó el miércoles a un exdirector jurídico de la constructora Odebrecht presuntamente involucrado en un esquema de pago de sobornos a dos exministros brasileños a cambio de ventajas fiscales para la compañía.
La policía informó que Mauricio Ferro fue detenido temporariamente en Sao Paulo en una nueva fase de la operación anticorrupción Lava Jato, conocida como “Carbonara Chimica”.
Las autoridades sospechan que Ferro pudo haber sido responsable del pago de al menos 20 millones de dólares en sobornos a dos exministros a cambio de beneficios para la empresa química Braskem, controlada por Odebrecht.
La Operación Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción en la historia de Brasil con ramificaciones por todo el continente, ha puesto tras las rejas desde 2014 a encumbrados empresarios y políticos, incluido el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
El Ministerio Público dijo que pesa también un pedido de prisión temporaria sobre el abogado Nilton Serson, quien se encuentra en Estados Unidos. Serson habría firmado una serie de contratos ficticios y habría recibido cerca de 20 millones de dólares de Braskem destinados al pago de sobornos.
“Braskem ha colaborado y proporcionado informaciones a las autoridades competentes como parte del acuerdo global firmado en diciembre de 2016”, dijo la compañía a través de un comunicado enviado a The Associated Press. “La empresa reitera su compromiso con la actuación ética, íntegra y transparente”.
De acuerdo con el Ministerio Público el dinero era utilizado para la compra de medidas provisorias que otorgaban ventajas fiscales indebidas en perjuicio del erario público.
La justicia determinó el bloqueo de activos por cerca de 555 millones de reales (140 millones de dólares) de los investigados.
Las autoridades dijeron que los dos exministros eran identificados en la planilla de pago de sobornos como “Italiano” y “Pós-Italia”. No brindaron más detalles sobre cómo eran efectuados los supuestos pagos ilegales. Además de las órdenes de detención, la policía realizó ocho allanamientos en Sao Paulo y otros dos en el estado de Bahía para reunir pruebas.
