Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se pronunció a favor de endurecer en Tamaulipas, las leyes para ‘frenar’ las empresas que defraudan y estafan a los Gobiernos locales, como lo está aprobando el Senado de la República.
Héctor Alejandro de Anda Cortez, Presidente del Comité Anticorrupción, señaló que si bien es un encargo directo de la Secretaría de Hacienda debe entrar a un proceso de legislación y bajarla a los Estados, incluso Tamaulipas puede entrar con sus leyes secundarias.
Consideró que, al iniciar este debate a nivel nacional, en el corto tiempo, el combate a las empresas fantasmas se va dar en su momento desde el propio Sistema Anticorrupción.
Señaló que la existencia de empresas fantasmas, es notorio en el momento en que se detecta un fraude en un orden de gobierno y posteriormente aparecen en otra entidad realizando lo mismo.
Sin embargo y a pesar de los ‘candados’ que imponen los Gobiernos, se siguen presentado casos de empresas fantasmas que cometen delitos fiscales.
El Presidente del Comité de Participación Ciudadana Héctor Alejandro de Anda Cortez, dijo que legislar en los Estados bajo un escenario, -donde no exista una persecución fiscal contra la Iniciativa privada, pero sí detectar a las empresas que defraudan- donde se requiere un intercambio “eficiente” de información entre el SAT y los tres niveles de gobiernos.
Lo anterior representaría, estar detectando con oportunidad los posibles fraudes, además, añadió, de contar con una plataforma nacional en donde se pueda ubicar o detectar a las empresas que tienen un historial de defraudación y corrupción.
“En la plataforma, podrán consultar los Gobiernos estatales, tanto la declaración patrimonial y de intereses de todos los servidores públicos del país , y también registrará los nombres de funcionarios y empresas sancionadas e inhabilitadas por violaciones a la ley y actos de corrupción”.
Para Héctor Alejandro de Anda Cortez y a diferencia de la postura que tiene la IP, “es un avance” el equiparar la defraudación fiscal con el crimen organizado con la intención, aclaró, de evitar que esta práctica se siga registrando.
“México es uno de los países más sobre regulados. Tenemos leyes para todo pero el problema es que no se aplican. Hay mucha conveniencia entre la función pública y quienes se benefician” mencionó.
