El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) incurrió en 2019 en irregularidades en el uso del llamado Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, por más de 324 millones 730 mil pesos, detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la revisión del gasto en el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el órgano fiscalizador que preside David Colmenares, indicó que hubo faltas en el registro de pago por servicio prestado a más de 59 mil 500 beneficiarios.
Tampoco se formalizaron las modificaciones al convenio con la Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM, anomalía por la cual se inició la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias.
Entre las recomendaciones al Insabi, está la de implementar mecanismos de control y supervisión, para asegurar el debido registro de transferencia de recursos por servicios prestados por unidades médicas; así como verificar la vigencia de los comprobantes fiscales digitales emitidos por los prestadores de servicios médicos.
Se le pidió iniciar procedimiento de sanción a los responsables de tramitar ante el Fiduciario del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, los recursos para intervenciones, sin contar con los reportes que especifiquen el periodo de validación, el número de Acuerdo por el que se autorizó ejercer recursos para intervenciones médicas a cargo al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Al presentar parte de los resultados, Colmenares Páramo aclaró que los informes más relevantes de la fiscalización al 2019, como las obras del Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, se conocerán hasta febrero de 2021.
“En febrero tendremos ya el informe con la parte más fuerte de las auditorías, donde vienen todas las auditorías a las grandes obras de infraestructura, a los programas sociales, a los congresos locales, a la propia Judicatura y a la propia Cámara de Diputados”, puntualizó.
Añadió que de marzo del 2018 a la fecha, la ASF presentó 117 denuncias penales por irregularidades en el gasto cometidas del 2014 al 2018, ello, sin especificar el monto involucrado.
Adelantó que en el transcurso de los siguientes días, el órgano fiscalizador presentará más denuncias por posible daño patrimonial a la hacienda pública.
