Ciudad de México.- Pese a que Genaro García Luna dejó el servicio público en el año 2012, durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto continuó operando una red de desvío de recursos federales por más de 2 mil 600 millones de pesos.
Así lo detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que el 24 de diciembre de 2019 presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exsecretario de Seguridad Pública federal (SSP), actualmente acusado en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Según las pesquisas, el esquema de desvíos que supuestamente benefició a García Luna fue diseñado desde el año 2005, es decir, en el sexenio de Vicente Fox Quesada, cuando ocupaba el cargo de director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que realizó el montaje de la captura de la francesa Florence Cassez, acusada de presunto secuestro.
La UIF, encabezada por Santiago Nieto Castillo, identificó que el esquema consistió en la constitución de diversas empresas, entre las que destaca Nunvav, Inc., señalada como una compañía fachada, para ingresar recursos al sistema financiero nacional que después fueron enviados a paraísos fiscales o a centros financieros offshore.
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Dicha empresa recibió nueve contratos de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante el sexenio de Peña Nieto y, según las pesquisas, también recibió recursos de la Tesorería de la Federación y del gobierno de la Ciudad de México, entonces encabezado por Miguel Ángel Mancera Espinosa.
De los contratos con la Segob, Nunvav recibió recursos en los años 2013, 2017 y 2018 por 2 mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares que fueron enviados a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos, Barbados y Curazao, con los que García Luna pagó su lujoso estilo de vida en Miami antes de ser detenido.
Los recursos de estos contratos provienen de la partida de Seguridad Pública Nacional, misma que forma parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) contra exfuncionarios del sexenio pasado por contrataciones irregulares.
Las dos denuncias que presentó la UIF por estos hechos están en la Fiscalía Anticorrupción federal y en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, donde se radicó en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros.
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Asimismo, la FGR ordenó dar vista a la Contraloría General de la Ciudad de México, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El pasado 13 de octubre, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer que el gobierno federal tiene una deuda pendiente con Nunvav, Inc., que derivó de un contrato que data de la administración de Felipe Calderón Hinojosa por suministro, instalación, capacitación y puesta en marcha de equipo tecnológico en el Cefereso 12 de Guanajuato y del que quedan pendientes por pagar casi 6 millones de dólares.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fueron detectadas potenciales irregularidades en la administración del contrato y procedimientos de pago, pues no hay evidencia de que los trabajos realizados por Nunvav ya le fueron pagados y que en el anexo técnico ni en el contrato se especificaron los componentes del sistema ni los alcances de las capacitaciones técnicas y operativas.
García Luna fue detenido en Texas, Estados Unidos, el 19 de diciembre de 2019, por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa y actualmente espera el inicio de su juicio ante una Corte de Nueva York, la misma que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder de la organización criminal con la que se vincula al exfuncionario federal.
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Casi un año después, el pasado 27 de noviembre, la FGR obtuvo una orden para capturar a García Luna y abrir la posibilidad de que, una vez que sea viable legalmente, sea extraditado a México.
Esta orden fue emitida por un juez de Control en el Estado de México, por el delito de enriquecimiento ilícito pues, de acuerdo con fuentes allegadas al caso, García Luna no justificó el legal origen de 27 millones de pesos con los que adquirió diversos bienes inmuebles en México.
Las fuentes consultadas señalaron que esta orden no derivó de las denuncias presentadas por la UIF contra García Luna.
