Ciudad de México.- En las últimas décadas, la violencia se ha convertido en un actor central de los procesos electorales en México. Contrariamente a lo que se espera de una democracia plenamente funcional, en nuestro país las elecciones no han logrado civilizar las disputas por el poder político y, de manera inversa, son escenario de actos de intimidación, ataques y, en muchos casos, de asesinatos que influyen en lo que sólo el voto debería definir.
El entorno de impunidad, debilidad institucional y amplia presencia de grupos armados en México ha generado que las víctimas de asesinatos políticos se cuenten por decenas durante las elecciones.
Según un análisis realizado por DataInt a partir de fuentes abiertas y tras una inspección caso por caso, de septiembre de 2020 al 25 de abril de 2021 un total de 70 personas vinculadas al proceso electoral han sido asesinadas en México, de las cuales 28 eran aspirantes, candidatos o precandidatos que buscaban contender por un puesto de elección popular. Otras 24 eran militantes de los partidos, dirigentes políticos o colaboradores de las campañas. Once más eran familiares de los políticos y siete eran autoridades electas.
La gran mayoría de los asesinatos, 82% de ellos, están vinculados al ámbito municipal, que es el eslabón más débil del Estado mexicano y el espacio de mayor interés para el crimen organizado dada la atomización de los grupos delictivos y el carácter local que han adquirido los conflictos criminales. El resto de los asesinatos estuvieron vinculados en 14% al ámbito estatal y sólo 3% al federal.
En cuanto al partido de origen de las víctimas, 18 de ellas estaban vinculadas con Morena, siendo éste el más afectado, seguido por el PRI con 14 víctimas; el PAN con 12; el PRD con ocho y el PVEM y Movimiento Ciudadano con cuatro cada uno. El resto de las víctimas eran políticos independientes o pertenecían a partidos de menor tamaño, como Encuentro Social y Redes Sociales Progresistas.
El estado más afectado por este tipo de asesinatos es Veracruz, que lidera la lista con 11 víctimas [a la que podría sumarse otra más que falleció en Oaxaca]. Le sigue el estado de Guanajuato con ocho asesinatos y Oaxaca con siete. Tanto Veracruz como Oaxaca son entidades federativas que tradicionalmente enfrentan problemas de violencia política, aunque no ocupen los primeros lugares nacionales por sus tasas de homicidios dolosos totales. En cuanto a Guanajuato, en este estado la violencia ha crecido exponencialmente en los últimos tres años y en 2020 ocupó el tercer lugar a nivel nacional por su tasa de homicidios dolosos.
A nivel nacional, la mayoría de los asesinatos vinculados al proceso electoral han sucedido en 2021, particularmente en marzo, cuando las campañas entraron en su etapa más activa, con 19 víctimas contabilizadas.
En lo que va de abril, no obstante, el número de víctimas ha disminuido a solamente 11 hasta el momento.
Por supuesto, algunos de los asesinatos registrados en este conteo podrían haber sido causados por razones ajenas a la política. Esto sólo se puede definir con certeza hasta que las autoridades estatales y federales de procuración de justicia lo determinen y será entonces cuando se podrá tener una fotografía más precisa del impacto de la violencia en el presente proceso electoral.
No obstante, el solo hecho de que decenas de personas que deseaban participar en las elecciones de sus comunidades hayan sido asesinadas implica un enorme daño para la democracia y la vida pública de México.
Lo cierto es que un derecho tan elemental como el de la participación política no puede ejercerse a cabalidad en un país donde se asesina a casi 100 personas al día en promedio.
Es probable que este fenómeno no sólo se siga registrando en las semanas que aún quedan previo a la jornada electoral, sino también en los meses posteriores a la elección, particularmente en municipios con alternancia política, donde el reacomodo de los equilibrios de poder podría generar nuevos incentivos para el ejercicio de la violencia por parte de las organizaciones criminales.
