La telenovela política, “el desafuero de Cabeza de Vaca” tuvo, este miércoles reciente, su tercer capítulo, cuando el Gobierno federal, a través de voces no legitimadas, como la del senador, Ricardo Monreal Avila, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, salió a anunciar la existencia de una orden de aprehensión contra el gobernador tamaulipeco, y el congelamiento de sus cuentas bancarias y las de 37 personas físicas y morales , entre aquellas sus familiares directos.
Aunque era una posibilidad inminente que se librara la orden de aprehensión por el sometimiento que impera desde Palacio Nacional hacia el Poder Judicial Federal, donde hacen todo lo posible para que el presidente Andrés Manuel López Obrador, no los ataque, el hecho no dejó de causar sorpresa y avivó la incertidumbre y confusión política y social en Tamaulipas.
Fue, por lo tanto, un tercer episodio mucho más intenso que los dos anteriores, el primero cuando el Congreso del Estado desechó la decisión de su par federal de quitarle la inmunidad al mandatario y presentó una controversia constitucional, y el segundo cuando el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, resolvió que la legislatura tamaulipeca había hecho lo correcto y estableció que el mandatario podría ser procesado hasta después de que concluya su mandato en septiembre del 2022.
¿Cuántos capítulos le siguen al drama? La respuesta es incierta porque reina una absoluta confusión y contradicción en las interpretaciones al párrafo quinto del articulo 111 Constitucional, que es el motivo del diferendo entre la legislatura local y la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
Incluso, ahora ni los más prestigiados constitucionalistas se ponen de acuerdo con respecto a si es admisible que un Juez federal haya desatendido la resolución de un ministro y por encima de ello libre una orden de aprehensión contra un servidor público investido de fuero.
Bajo todo ese escenario, en el que hay muchas verdades, pero ninguna aceptable, está claro que la telenovela todavía tendrá al menos dos o tres capítulos, quizá más intensos que los anteriores.
Por lo pronto, seguramente a estas alturas la defensa de Cabeza de Vaca ya debe estar promoviendo los amparos necesarios para combatir el mandamiento judicial obsequiado por el Juez Federal, aunque de acuerdo con peritos en derecho consultados, esa vía no tiene futuro porque el delito de delincuencia organizada que se le atribuye al gobernador es de los que merecen prisión preventiva oficiosa. Es decir, el acusado deberá enfrentar el proceso correspondiente en prisión.
Ahora la gran incógnita es saber cómo va a actuar el Poder Legislativo del Estado.
¿Echará a andar el proceso establecido en la Constitución para nombrar un gobernador interino? o ¿mantendrá las cosas como están atendiendo la tesis del presidente del Senado y de la Comisión Permanente, Eduardo Ramírez, con respecto a que Cabeza de Vaca solo podría ser detenido fuera del territorio tamaulipeco, por el fuero Constitucional que le reconoció la legislatura local?
Por lo pronto, en la sesión ordinaria del Pleno legislativo celebrada este jueves, lo único novedoso relacionado con el caso, fue la aprobación de un punto de acuerdo en el que el Congreso local pidió a las Fiscalías estatal y federal de justicia, iniciar un proceso penal contra el Juez y otros funcionarios que participaron en la expedición de la orden de contra Cabeza de Vaca a pesar de estar investido de fuero constitucional.
En lo personal, me parece que la última decisión la deberá tomar el mismo gobernador, y solo se ven dos opciones viables: una, que ingrese a Estados Unidos en uso de su nacionalidad, para declararse perseguido político; o dos, mantenerse dentro de Tamaulipas sabedor de que tiene fuero constitucional y no podrían detenerlo.
Seguramente no deberán pasar muchos días antes de que conozcamos la ruta elegida.
Desafortunadamente para la causa cabecista, los riesgos para su lucha son muchos, sobre todo porque, como le decía, el prestigio que había ganado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como garante confiable de la justicia, ha quedado pulverizado por la arrogancia y prepotencia de un mandatario federal, que confunde el cargo y actúa como el dueño de una empresa y no como el gobernante de una nación.
Hasta antes del 2018, la SCJN era el dique más confiable contra la injusticia. Hoy, ese Poder es una caricatura, porque sus decisiones, sobre todo en casos tan conflictivos, polémicos, mediáticos y políticos, como el de Cabeza de Vaca, se resuelven a capricho de López Obrador.
Por eso le digo que Cabeza de Vaca las lleva de perder. Más allá de que sean ciertos o no los delitos que se le imputan, difícilmente habrá Jueces que se pronuncien con objetividad en base a la verdad jurídica probada en las carpetas de investigación. Preocupante situación la del gobernador tamaulipeco.
ASI ANDAN LAS COSAS.
