Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El diagnóstico nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, calificó a los penales en Tamaulipas con un 5.24 por “no garantizar la integridad de los internos”, pero contrasta con reconocer que la “gobernabilidad” está en manos del Estado.
La CNDH establece en el documento nacional que, en el caso de Tamaulipas, el diagnóstico se aplicó a los Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Victoria.
De los cuatro, Matamoros obtiene una calificación de 6.89; Reynosa es el peor evaluado con una calificación de 4.49; seguido de Ciudad Victoria con 4.63 y Nuevo Laredo tiene una calificación de 5.15.
Sin embargo hay rubros que contrastan porque, mientras está reprobado en los aspectos para garantizar la integridad de las personas privadas de su libertad, sí hay garantías de una “estancia digna” así como la “gobernabilidad” que se refiere al control del Estado en los penales de Tamaulipas.
Donde aparecen reprobados, es en la reinserción social de las personas privadas de la libertad además de que los grupos de personas privadas de su libertad enfrentan diversas necesidades específicas.
El diagnóstico que hace la CNDH corresponde a los resultados obtenidos en 2020 y en cada uno de ellos se terminó el hacinamiento de internos.
Por ejemplo, mientras que Matamoros tiene una capacidad de 1,529 hombres y 112 mujeres, hasta ese momento había una población de 631 hombres y 33 mujeres.
Mientras que en el caso de Reynosa de una capacidad de 1,312 hombres y 104 mujeres, se registra una población de 945 internos y 55 mujeres.
En Nuevo Laredo tienen espacio para 1,060 hombres y 40 mujeres y se registraba una población de 522 hombres y 3 mujeres.
Solo el penal de Ciudad Victoria, enfrentaba números más asfixiantes porque de 870 espacios para hombres y 100 mujeres, se contaba con una población de 847 hombres y 94 mujeres.
En el penal de Reynosa, donde la calificación de reprobación es la más baja, aparecen deficiencias en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento.
Aparecen deficiencias en los servicios de salud; falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección. Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.
Aunado a ello, existen deficiencias en la alimentación; Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad; Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores.
Uno de los aspectos que observó la CNDH, es que falta capacitación al personal penitenciario; Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización); Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias.
