Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los Diputados del PAN que destrabaron el candado para que el Fiscal General de Justicia pueda reelegirse, no precisaron en la reforma, hasta cuántas veces se puede postular para estar en el cargo.
Es decir, la “laguna” jurídica solo habla de que el Fiscal General durará en el cargo 7 años y podrá reelegirse, pero no precisa si es por un periodo más, dos o cuántas veces.
Una vez emitido el decreto, en caso de que el Fiscal General de Justicia del Estado Irving Barrios Mojica, llegue por un segundo periodo y lo termine, puede reclamar un tercer periodo para mantenerse en el cargo por que la Ley no lo prohíbe.
Hasta hoy, no se precisa en el artículo 125 de la Constitución del Estado, cuántas veces se podrá reelegir el Fiscal General quien desde el 2016 a 2018 estuvo como Procurador General de Justicia y en Diciembre del 2018 fue designado como Fiscal General para terminar su primer periodo en el 2025 y podrá reelegirse para estar en el cargo siete años más.
La reforma Constitucional fue aprobada el 22 de septiembre en la sesión extraordinaria que celebró el Congreso del Estado.
Aunque la reforma se aprobó por mayoría, hubo legisladoras del PAN y de Morena quienes reprochaban la ‘bandeja’ de beneficios legales que tendrá el Fiscal General.
Dentro de esta misma reforma, lo que más irritó a Morena, es que el Fiscal General ha recibido el blindaje para no ser destituido de su cargo, en caso de que Morena pretenda hacerlo en la 65 Legislatura, ya que la remoción que haga el gobernador en turno, deberá ser aprobada dentro del plazo de diez días por el voto de al menos dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado.
“Por dignidad y respeto a todas las víctimas del Estado y las carpetas de investigación pendientes de resolver, rechace este beneficio. Es un acto de impunidad”, dijo en tribuna la diputada de Morena Edna Rivera López.
Se crea además, el mecanismo de ratificación de la remoción del Fiscal General de Justicia del Estado por la misma “mayoría calificada” del Congreso del Estado que designó al propio Fiscal General, “a fin de evitar una decisión política fundamental del Congreso y pueda ser desandada unilateralmente por el Poder Ejecutivo o una mayoría simple en el pleno”, se expone.
Los legisladores, proponen además la homologación para la remoción de los Fiscales Especializados al de remoción del Fiscal General de Justicia, a fin de dotar de la misma autonomía al conjunto de órganos que integran las Fiscalías, el Consejo de Fiscales y el Consejo Estatal de Política Criminal.
