El pasado 24 de enero, la bancada de Morena le pegó un “madruguete” legislativo al PAN, al abrogar la Ley de Control Constitucional del Estado.
La norma abrogada representaba una especie de vía corta para los Poderes del Estado, los organismos autónomos y los ayuntamientos, en la interposición de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad ante el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. La vía más larga es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ese día, los diputados guindas chamaquearon a sus pares panistas. Le pidieron a su compañera, Magaly Guillermina Deandar, quien presidía la mesa directiva del Pleno, que decretará un receso, supuestamente para que una comisión especial atendiera a un grupo de maestros de inglés que protestaban desde galerías.
Sin embargo, en realidad los legisladores morenistas tenían otra intención, que era la de poner a sesionar la Comisión de Estudios Legislativos, para recibir y dictaminar una iniciativa que abrogaba la Ley de Control Constitucional del Estado.
Cuando los panistas descubrieron el engaño, patalearon, gritaron y amenazaron, pero ya era tarde, porque la iniciativa había sido aprobada a favor con cuatro votos, de igual número de diputados de Morena.
En ese mismo rato, el dictamen fue llevado ante el Pleno legislativo y aprobado sin problema.
El mazazo para el PAN fue demoledor, porque esa Ley de Control Constitucional iba a ser su ruta legal para intentar revertir, a través de una acción de inconstitucionalidad, aquellas reformas hechas a la Ley del Congreso del Estado, el pasado 13 de enero, con las cuales Morena le arrebató la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Con la abrogación, la bancada morenista se blindó de una posible resolución por parte de los magistrados del Poder Judicial del Estado, para devolverle al PAN la presidencia de la Jucopo.
Sin embargo, no todo está perdido para los panistas, porque la Constitución Política de Tamaulipas, en su artículo 113, sigue facultando a los Poderes del Estado, a los ayuntamientos, a los organismos autónomos y al mismo Congreso Local, para que acudan ante el Supremo Tribunal de Justicia, a interponer controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.
Es decir, lo que el Pleno del Congreso del Estado abrogó, el pasado 24 de enero, fue solamente la ley reglamentaria, lo que significaría que el PAN sigue teniendo la puerta abierta para su propósito de recuperar la Junta de Coordinación Política.
Es cierto que no hay Ley de Control Constitucional, pero ahí está la constitución, como ruta posible para intentar recuperar el mando del Congreso.
Seguramente los diputados de Morena, o los autores de la idea de abrogar la Ley de Control Constitucional, saben de esa “rendija” legal que dejaron abierta, pero la verdad es que no les quedaba otra opción porque no tienen los 24 votos que requieren para reformar la Constitución.
Por otra parte, hay que decir que, al abrogar la ley de la materia, el Congreso del Estado afectó a quienes ya tenían promovidas controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Esa determinación, a través de un artículo transitorio, de que los recursos en proceso fueran enviados ante la SCJN para su resolución, no elimina el atropello contra los justiciables que promovieron esos medios de control constitucional.
EL RESTO.
LOS NERVIOS DEL COMISIONADO. – El nuevo comisionado del ITAIT, Luis Adrián Mendiola Padilla, anda bastante nervioso y no es para menos.
Resulta que, durante el proceso de designación por parte del Pleno del Congreso del Estado, el pasado 24 de enero, se cometió un error garrafal en el procedimiento, que, de llegar a los tribunales, en vía de impugnación, podrían anularlo.
La falla estuvo al momento de repetir la votación luego de que en la primera ronda Mendiola apenas obtuvo 21 votos y no 24 como lo exige la ley del Congreso. La repetición sólo era posible en caso de un empate.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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