Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A quién obligue a una persona menor de 18 años de edad a contraer matrimonio o por cohabitación forzada, podría alcanzar una pena de prisión que va de los 8 a 15 años y una multa de 103 mil 740 pesos a 259 mil 350 pesos.
En la iniciativa que propuso la diputada Magaly Deandar Robinson integrante del grupo parlamentario de Morena, propone además aumentar hasta en un mitad, si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena afromexicana.
La diputada Deandar, propone adicionar el artículo 198 bis 2 al Código Penal para el Estado de Tamaulipas y establecer la hipótesis de cohabitación forzada y establecer en este que: Comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio.
De acuerdo con la organización “Save the Children”, líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en México 1 de cada 100 niñas entre los 12 y 14 años de edad se encuentran casadas o unidas informalmente, lo cual, sin duda alguna, resulta alarmante.
Además, según cifras de “Girls not Brides”, alianza que lucha contra los matrimonios infantiles, México tiene el octavo número más alto de mujeres casadas o en unión antes de los 18 años en el mundo al registrar 1 millón 420 mil mujeres en esta situación.
La diputada de Morena, expone que las uniones tempranas son prácticas perjudiciales que afectan especialmente a las niñas y las adolescentes, aunado a ello, limitan sus oportunidades de educación y desarrollo, las exponen a violencia, abuso sexual y embarazo precoz.
“Debemos comprender y reprochar la cohabitación forzada como un tipo de violencia, pues de ninguna manera puede existir justificación para esta inhumana práctica que atenta, especialmente, contra las mujeres en su etapa de niñez y adolescencia”.
