Ciudad de México.- Con la reforma constitucional que plantea eliminar siete órganos autónomos, el Ejecutivo federal pretende ahorrarle, al menos, 32 mil millones de pesos a la siguiente administración federal y que otros entes de gobierno asuman las funciones y a los empleados de los organismos desaparecidos.
Dicho monto es la suma del presupuesto asignado entre 2018 y 2024 a la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
La iniciativa, una de las 20 que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero, podría incluirse en el paquete de reformas a discutirse, y eventualmente aprobarse, a partir del próximo 1 de septiembre, cuando inicia labores el nuevo Congreso de la Unión, que tendrá mayoría de Morena y sus aliados legislativos PT y PVEM.
El documento, disponible en la Gaceta Parlamentaria detalla que la Secretaría de Economía asumirá las tareas de la Cofece, mientras que las del IFT recaerían en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En tanto, la labor del Coneval quedaría a cargo del Inegi y la de la CNH pasaría a la Secretaría de Energía.
Esta misma dependencia asumiría las funciones de la CRE, mientras que la Secretaría de Educación Pública absorbería a la Mejoredu.
INAI, EL CASO MÁS DIFÍCIL
El caso del Inai es más complicado, debido a que sus funciones quedarían repartidas en varias instituciones.
Lo relativo a transparencia y datos personales, señala la iniciativa de reforma, sería retomada por la Secretaría de la Función Pública, respecto a la administración pública federal. También, los órganos de control y disciplina del Poder Judicial, los órganos de control de los organismos autónomos y las contralorías del Congreso de la Unión.
Respecto a lo que tiene que ver con los partidos políticos se daría vista al Instituto Nacional Electoral; lo relativo a sindicatos, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
Sobre la protección de datos personales en posesión de particulares, el encargado sería el Poder Ejecutivo federal.
La propuesta “tiene la finalidad de transversalizar la política de austeridad republicana y los principios constitucionales anteriormente señalados en las diversas materias que organismos constitucionalmente autónomos y órganos reguladores coordinados en materia energética han tutelado por medio del ejercicio de presupuestos en los que ha existido un dispendio de los recursos a través de macroestructuras burocráticas y con toda clase de bonos, prestaciones, y privilegios que van en demérito de la sociedad mexicana”, se indica en la exposición de motivos.
Los 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos que los siete organismos autónomos han tenido en los últimos seis años equivalen a otorgar cinco millones 385 mil 591 pensiones bimestrales para el Bienestar de adultos mayores, agrega.
En los transitorios se especifica que los comisionados del IFT, la Cofece, la CRE, la CNH y el Inai concluirán su labor con la entrada en vigor del decreto sobre la reforma constitucional.
Los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable. Los recursos humanos con que cuenten los entes públicos que se extinguen a consecuencia del presente decreto pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones, cuando corresponda”, apunta el transitorio séptimo.
