Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Corte validó la “Ley guarura” para que a los ex funcionarios de gobierno y los relacionados en materia de seguridad, tengan seguridad del estado por un período por el que estuvieron en el cargo.
De acuerdo a la información que se da a conocer, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) validó diversas disposiciones de la Constitución Política, así como de las Leyes de Seguridad Pública y Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, todas del Estado de Tamaulipas.
Estas prevén el otorgamiento de medidas de seguridad y protección a las personas que fungieron como titulares del Ejecutivo Estatal, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia, por un periodo igual al tiempo de su encargo, las que pueden ser prorrogadas en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten.
Los Ministros, señalaron que en el caso de la Fiscalía, se contempla además el otorgar esa protección de manera general a las y los servidores públicos que, debido a las funciones realizadas en la institución al momento de causar baja, las tengan asignadas o las requieran.
Lo anterior, al considerar que el Congreso local tiene libertad configurativa en este ámbito, sin que por el solo hecho de que se prevea la posibilidad de otorgar las medidas aludidas, exista una violación a los principios de honradez y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, previstos en el artículo 134 de la Constitución Federal.
Aunado a ello, por lo que se refiere a la prórroga de las medidas de protección en tanto las “condiciones de riesgo” lo ameriten, La Corte determinó que las disposiciones resultan claras y precisas en cuanto a su significado y alcance, por lo que no existe una violación al principio de seguridad jurídica.
La decisión se tomó de acuerdo a las Acciones de inconstitucionalidad 158/2021 y su acumulada 159/2021, promovidas por diversos diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas y el Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución Política y de las Leyes de Seguridad Pública y Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, todas del mencionado Estado, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad del 21 y 23 de septiembre de 2021, mediante Decretos LXIV-800, LXIV-821 y LXIV-822. El proyecto original fue presentado por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
