Ciudad de México. Después de siete semanas de mantenerla en la congeladora, el pleno del Senado aprobó, con el voto unánime de 91 legisladores, que los suscriptores y usuarios de todo tipo de servicios puedan cancelarlos en el momento que consideren necesario, sin que tengan que ser penalizados u obligados a mantenerlo hasta cumplir plazos.
La reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que ayer mismo fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor, establece que “el proveedor deberá implementar mecanismos que, sin contravenir a las disposiciones contractuales, permita a la persona consumidora cancelar el servicio, suscripción o membresía de manera inmediata”.
Añade que “el proveedor deberá informar de forma clara, destacada y accesible si el servicio contratado implica cobros automáticos recurrentes, su periodicidad, monto y fecha de cobro”.
Además, ordena que este tipo de cobros “requerirán consentimiento expreso e informado de la persona consumidora. En los casos en los que, de acuerdo al contrato, proceda la renovación automática del servicio, se deberá notificar al menos con cinco días naturales de anticipación, permitiendo su cancelación sin penalización”.
Propuesta por Ricardo Monreal Ávila, líder de los diputados federales de Morena, la reforma fue considerada como positiva por todas las fuerzas políticas en el Senado, igual que ocurrió en septiembre pasado en la Cámara de Diputados, donde también fue respaldada por unanimidad.
El año pasado, Profeco recibió 20 mil quejas de denuncias, sobre todo de cargos automáticos, especialmente en plataformas digitales y, sobre todo, en telefonía móvil. Entonces, bueno, pues esta adición de la fracción VIII y IX de la Ley 76 Bis, de la Ley de Protección al Consumidor lo que hace es que pueda haber esta cancelación inmediata.
Ahorita tenemos, aproximadamente, en México, dos billones de pesos en comercio electrónico, representa el 6% del PIB nacional y no vamos a permitir que haya estos obstáculos cotidianos, de que cuando uno quiere cancelar te ponen muchísimas trabas”, explicó al pleno Cynthia López, presidenta de la Comisión de Defensa de los Consumidores, cuyo dictamen borró el nombre de Ricardo Monreal como autor de la reforma.
Néstor Camarillo, de Movimiento Ciudadano, dijo que se trata de “una reforma que nos da para reflexionar sobre algunos de los abusos a los que las personas hacen frente día con día al contratar servicios de este tipo”.
Lizeth Sánchez, del PT, expresó que esta reforma “protege a quienes más lo necesitan, pone un alto a las estrategias engañosas dirigidas a niñas, niños, personas mayores o enfermas”.
Con esta reforma, aseguró el verdeecologista Luis Alfonso Silva Romo, queda claro que “en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, el proveedor deberá informar de manera clara, destacada y accesible si el servicio contratado implica cobros automáticos recurrentes”.
Apoyamos esta reforma porque ofrece certeza, porque es razonable, porque va en beneficio de consumidores y porque abona a la transparencia de los proveedores”, destacó el panista Raymundo Bolaños.
