Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Julianna Garza Rincones, secretaria general del PRI, propuso reformar el Código Fiscal y la Ley de Seguridad estatal para obligar a que el cincuenta por ciento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se destine directamente a los municipios.
Explicó que la ley solo establece que el Estado “procurará” entregar veinte por ciento del FASP, por lo que busca modificarlo para que “deberá” asignar la mitad del recurso, pasando de ciento treinta y tres a trescientos cuarenta y dos millones de pesos anuales.
Garza Rincones señaló que también debe estipularse con claridad que esos recursos se utilicen exclusivamente para fortalecer a las policías municipales, evitando interpretaciones amplias que diluyen su propósito original.
Subrayó que esta propuesta no genera nuevos fondos ni compromete ingresos estatales, sino que reorganiza la distribución del FASP para garantizar un reparto más justo y eficiente entre municipios.
Recordó que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 2024, siete de cada diez tamaulipecos consideran que la inseguridad es el principal problema en la entidad.
Mencionó que la victimización ronda el cuarenta por ciento y la impunidad se acerca al noventa y cuatro por ciento, cifras que evidencian que la capacidad institucional actual está claramente rebasada.
Destacó que las policías municipales representan el cuarenta y cinco por ciento del estado de fuerza y realizan cerca del setenta y nueve por ciento de las detenciones por delitos y faltas administrativas.
Sin embargo, añadió que la mayoría de los ayuntamientos carece de presupuesto suficiente para fortalecer a sus corporaciones, generando limitaciones operativas que impactan directamente en la seguridad ciudadana.
Señaló que, a nivel nacional, una detención municipal cuesta alrededor de cincuenta y tres mil pesos, mientras que una realizada por la Guardia Nacional puede alcanzar veinticuatro millones de pesos.
Por ello, urgió a incrementar el número de elementos municipales, mejorar sus salarios y reforzar la capacitación y profesionalización policial, destinando mayores recursos para elevar su efectividad operativa.
