Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los diputados en Tamaulipas propusieron cerrarle el paso a los intermediarios conocidos como coyotes para que sus cosechen las comercialicen exclusivamente en cooperativas legalmente establecidas.
La propuesta fue presentada por la diputada Silvia Isabel Chávez Garay, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, enfocada en fortalecer el campo tamaulipeco y rural.
El proyecto plantea adicionar el artículo 71 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable estatal, dentro del apartado específico relativo a comercialización local-regional formal.
El nuevo artículo 71 Bis otorgaría sustento jurídico a cooperativas y asociaciones, facilitando su acceso a mercados locales, nacionales e internacionales con reglas claras estables.
Con ello, el Estado contaría con herramientas jurídicas para impulsar la comercialización directa y elevar la rentabilidad del trabajo rural de productores locales y regionales.
La iniciativa busca que el valor generado en el campo permanezca en manos de productores, evitando pérdidas por extensas cadenas intermediarias comerciales desiguales y opacas.
El objetivo central es fortalecer la organización colectiva rural para mejorar poder de negociación y asegurar condiciones de venta equitativas sostenibles y transparentes a largo.
La diputada argumenta que la intermediación excesiva reduce significativamente los ingresos de quienes producen alimentos en comunidades rurales y limita desarrollo local sostenible históricamente persistente.
Como sustento, se citan datos de la FAO que indican que más del 45 por ciento depende de actividades rurales a nivel mundial actual directamente.
En México, el INEGI reporta que más de 24 millones viven en localidades rurales, casi 19 por ciento nacional según cifras oficiales recientes vigentes públicas.
Una proporción relevante de esa población se dedica a actividades agropecuarias, forestales y pesqueras, con bajos ingresos y alta vulnerabilidad económica estructural persistente regional histórica.
El Coneval estima que más del 50 por ciento de población rural vive en pobreza y casi 20 en extrema según mediciones nacionales recientes oficiales.
El documento legislativo identifica la organización colectiva y comercialización directa como vías clave para reducir desigualdad estructural rural mediante mercados justos y solidarios locales sostenibles.
