Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los municipios de Soto la Marina, Abasolo y Jaumave encabezan la lista de 23 ayuntamientos con mayores montos observados por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2024, seguidos por Tampico, Padilla, San Nicolás y Tula.
En la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal 2024 de la ASF, se concentra en conjunto un monto de 386 millones 609 mil 194 pesos pendientes de aclarar en Tamaulipas.
De acuerdo con los informes entregados a la Cámara de Diputados, de los 23 ayuntamientos que presentan montos sin solventar al cierre de la fiscalización son: Soto la Marina, quien concentra la mayor cifra observada, con 67 millones 407 mil 635.97 pesos, seguido por Abasolo con 54 millones 336 mil 301.34 pesos y Jaumave con 50 millones 71 mil 239.50 pesos.
En cuarto lugar aparece Padilla con 38 millones 751 mil 758.85 pesos, mientras que Tampico suma 37 millones 39 mil 702.81 pesos en recursos cuya aplicación no ha sido aclarada ante la autoridad fiscalizadora.
También figuran San Nicolás con 33 millones 799 mil 95.39 pesos y Tula con 28 millones 276 mil 209.99 pesos, cifras que llaman la atención por tratarse de municipios con menor población y capacidad administrativa que lugares como Tampico o Ciudad Madero.
Otros ayuntamientos como González, San Fernando, Valle Hermoso, Matamoros, El Mante, Ciudad Madero y Victoria presentan montos inferiores, aunque igualmente sujetos a observaciones y procesos de revisión.
El foco rojo más encendido está en Abasolo, donde la Auditoría Superior de la Federación concluyó que entre enero y septiembre de 2024 no se entregaron registros contables, presupuestales ni documentación comprobatoria, derivando en tres pliegos de observaciones por 54 millones 286 mil 200 pesos.
El monto observado en ese municipio corresponde a recursos provenientes de participaciones federales, así como de los fondos FAISMUN y FORTAMUN, sin que la administración municipal lograra demostrar con claridad el destino y aplicación final de esos recursos públicos.
En el caso de Soto la Marina, la ASF documentó la falta de estados de cuenta bancarios, pólizas contables y comprobantes fiscales digitales durante los primeros nueve meses de 2024, situación que la actual autoridad atribuyó a deficiencias heredadas en el proceso de entrega-recepción.
A ello se suman inconsistencias en contratos de obra pública donde no se aplicaron penas convencionales, se aceptaron garantías insuficientes y se toleraron trabajos fuera de plazo sin que existiera evidencia de sanciones contra los contratistas responsables.
En Matamoros, durante el último año de la administración encabezada por Mario López, las observaciones ascienden a 10 millones 133 mil 672.69 pesos, vinculadas a expedientes de contratación incompletos y ausencia de comprobación sobre el ingreso de bienes a almacén.
Particularmente, dos contratos de pavimentación asfáltica por más de seis millones de pesos carecen de documentación que pruebe que las obras beneficiaron a la población objetivo del FAISMUN, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.
La ASF también detectó prácticas reiteradas en distintos municipios, como adjudicaciones directas cuando procedía licitación, fraccionamiento de contratos para evitar umbrales legales, falta de opiniones fiscales vigentes del SAT o IMSS y ausencia de pruebas técnicas en obras.
En conjunto, los informes de fiscalización reportan 95 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en los 43 municipios auditados, reflejando un patrón que pone en entredicho los mecanismos de control interno y supervisión del gasto.
De esas 95 acciones, 41 fueron promovidas directamente por la ASF, mientras que 54 fueron iniciadas por los propios órganos internos de control municipales, mismas que actualmente se encuentran en proceso de seguimiento y resolución.
Entre los ayuntamientos con mayor número de promociones directas destaca Ciudad Madero con cuatro; en tanto que Tampico, Antiguo Morelos, Jaumave, Llera, Mainero, Matamoros y San Carlos acumulan tres cada uno, según los reportes oficiales.
Como parte del procedimiento, la Auditoría emitió pliegos de observaciones que obligan a los municipios señalados a comprobar el destino de los recursos o reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros generados.
Incluso algunas contralorías municipales, como las de Burgos y Tula, ya abrieron expedientes internos tras las reuniones preliminares con la ASF, mientras avanzan los procesos administrativos que podrían derivar en sanciones.
