Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso del Estado, dio entrada a una iniciativa para sancionar penalmente a servidores públicos que, por negligencia o dolo, provoquen desperdicio, fugas o manejo irregular del agua.
La propuesta fue presentada por la diputada Silvia Chávez Garay, quien plantea adicionar el artículo 482 al Código Penal para tipificar la afectación institucional al recurso hídrico.
El proyecto establece que incurrirá en delito el funcionario que, bajo su responsabilidad directa, genere derrames, fugas o extracción irregular que comprometan el acceso equitativo al agua.
También se sancionará cuando estas conductas afecten la prestación de servicios públicos de abastecimiento o provoquen daños ambientales que pongan en riesgo la salud de la población.
La iniciativa fija sanciones para los responsables, comenzando con penas de uno a cuatro años de prisión por el manejo indebido del recurso hídrico.
Además, contempla multas económicas que van de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, elevando el costo de la negligencia institucional.
Uno de los puntos más severos es la inhabilitación para ocupar cargos públicos, que podría ir de uno a cinco años, castigando directamente el ejercicio indebido del servicio público.
La legisladora subraya que estas sanciones buscan frenar prácticas que dañan un recurso estratégico, cuya mala gestión impacta directamente en la vida diaria de la población.
El planteamiento parte de que el agua es un derecho humano, por lo que cualquier omisión o negligencia en su administración representa una doble afectación: social y ambiental.
También advierte que el deterioro en la gestión del agua puede generar riesgos sanitarios, limitar el desarrollo económico y profundizar la desigualdad en el acceso al recurso.
La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente presión sobre los sistemas hídricos, donde la mala operación institucional puede agravar escenarios de escasez.
Con esta reforma, se busca fortalecer la rendición de cuentas y establecer consecuencias penales directas para quienes, desde el servicio público, incumplan su responsabilidad en el manejo del agua.
El proyecto no sustituye delitos existentes, sino que amplía el marco legal para incluir la responsabilidad institucional, cerrando vacíos que hoy dificultan sancionar estas conductas.
