En México, el índice de abandono de adultos mayores supera el 20% a nivel nacional, según el INEGI (2023), con cifras particularmente críticas en Tamaulipas, donde alcanza el 25%.
En este estado fronterizo, la migración laboral hacia Estados Unidos —que afecta a más de 300,000 familias—, la pobreza rural y la violencia han fragmentado estructuras familiares, dejando a más de 150,000 adultos mayores en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Sin acceso a salud básica, alimentación adecuada ni apoyo emocional, enfrentan aislamiento crónico, enfermedades no atendidas y tasas de mortalidad prematura del 30% superior al promedio nacional.
Esta situación agrava el maltrato físico y psicológico, la negligencia y la desprotección, exponiendo a este sector.
Ante esta crisis humanista, que atenta contra la dignidad inherente del ser humano en la etapa donde nuestros abuelitos no deberían de tener preocupaciones, solo dedicarse a disfrutar, tener su tiempo de descanso y sobre todo una vida digna. La senadora Imelda Sanmiguel Sánchez presenta una iniciativa legislativa para tipificar y sancionar el abandono de personas adultas mayores.
La propuesta establece penas penales —multas progresivas, trabajo comunitario y hasta cinco años de prisión— con el fin de disuadir conductas omisivas y promover la responsabilidad familiar y social.
Complementariamente, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tamaulipas bajo la dirección de Dra. María de la Luz Santiago Diez de Bonilla, implementa estrategias preventivas y de atención integral.
Destacan los Centros de Convivencia para Adultos Mayores (CECAM), con 40 unidades que ofrecen actividades recreativas, terapia psicológica y capacitación; el programa “Familias Fuertes contra el Abandono”, que fortalece lazos intergeneracionales mediante talleres en comunidades vulnerables; y la red de Unidades de Atención al Adulto Mayor, con servicios médicos, legales gratuitos y denuncias rápidas.
Estas acciones buscan reducir el abandono en un 15% para 2026, mediante alianzas con gobiernos locales, ONGs y empresas.
Esta confluencia de ley y políticas públicas reafirma el imperativo ético: proteger al adulto mayor no es opción, sino deber humanista ineludible.
Tamaulipas comparado con estados como Nuevo León (18% de abandono) o Chihuahua (22%), requiere mayor inversión en programas como el del DIF “Adulto Activo” —que promueve empleo digno para mayores— y “Redes de Cuidado Familiar”, con monitoreo digital.
Urge implementación inmediata para restaurar equidad intergeneracional, honrando la vida en todas sus etapas.
