Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La reforma electoral conocida como Plan B se perfila como un golpe directo a los excesos del sistema político, al reducir costos y acotar privilegios, afirmó la Secretaría General de Gobierno.
Desde la administración estatal se sostuvo que la aprobación en el Senado representa un avance sustancial en la reorganización del gasto público, al limitar estructuras costosas y prácticas que durante años beneficiaron a élites políticas.
Se subrayó que la iniciativa responde a una demanda social de mayor austeridad, al disminuir el tamaño de los congresos locales y ajustar esquemas salariales considerados desproporcionados frente a la realidad del país.
Como ejemplo, se expuso que existen casos donde un diputado local puede representar un gasto de hasta 16 millones de pesos, mientras algunos consejeros electorales superan los 160 mil pesos mensuales.
También se cuestionó la integración de cabildos con exceso de regidores, lo que, se advirtió, absorbe recursos públicos que deberían destinarse a servicios básicos como agua, drenaje o pavimentación.
La Secretaría General de Gobierno insistió en que la reforma busca reorientar el presupuesto hacia áreas prioritarias, evitando que el gasto corriente limite el desarrollo de infraestructura y programas sociales.
Pese a las críticas de la oposición, el gobierno estatal defendió que la aprobación del Plan B constituye un triunfo político que fortalece la narrativa de austeridad y combate a los privilegios.
Cabe recordar que la minuta fue avalada en el Senado sin el apartado sobre revocación de mandato y ya fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis.
Se destacó que el respaldo ciudadano a la presidenta se mantiene sólido, con niveles de aprobación estimados entre 75 y 80 por ciento, lo que refuerza el impulso de su agenda.
